Barcelona, 19 jul (EFE).- Un juzgado de Sabadell (Barcelona) plantea la aplicación de la amnistía a guardias civiles después de que la Audiencia Provincial ordenara que se investigara una querella por torturas a uno de los CDR procesados por terrorismo en la Audiencia Nacional.
La Audiencia de Barcelona ordenó investigar la querella por torturas que uno de los CDR procesados por terrorismo en la Audiencia Nacional presentó contra los guardias civiles que lo detuvieron, al considerar que eran hechos "graves" que podían suponer una vulneración de derechos.
El 18 de junio la titular del juzgado de instrucción número 2 de Sabadell dictó una providencia, notificada un mes más tarde, el pasado día 11, donde dio traslado a las partes para que se pronunciaran ante la posibilidad de aplicar la ley de amnistía al procedimiento.
Según ha informado este viernes Alerta Solidària, la defensa del CDR que denuncia las torturas ya ha presentado un escrito en el que solicita que la causa no se archive y que el juzgado cite de forma inmediata a declarar a los agentes identificados.
La sección tercera estimó el recurso presentado por Jordi Ros, uno de los CDR procesados, y ordenó al juzgado que admitiera a trámite su querella, dirigida contra once agentes de la Guardia Civil que lo detuvieron y lo custodiaron en su traslado hasta la Audiencia Nacional.
El juez de Sabadell que recibió la querella ordenó una serie de diligencias para esclarecer los hechos denunciados, aunque se declaró incompetente para investigar los hechos sucedidos fuera de su partido judicial.
En un comunicado, la organización jurídica ha denunciado que la "providencia es una nueva maniobra dilatoria, una nueva actuación que sólo persigue frustrar toda la investigación sobre las torturas y las vulneraciones de derechos fundamentales".
Además, Alerta Solidària subraya que la ley "excluye expresamente la posibilidad de amnistiar los delitos de torturas".
La Audiencia subrayó en su auto que los hechos podían constituir un delito "de tortura y contra los derechos fundamentales cometidos por los agentes de la autoridad" y por ello deben ser investigados, "como reiteradamente señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y nuestro Tribunal Constitucional". EFE
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