La acusaciones populares del 'caso Begoña Gómez' han pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que corrija la decisión de la juez decana de Madrid y evite este viernes que la esposa del presidente del Gobierno acceda a los Juzgados de Plaza de Castilla por el garaje para declarar como investigada. Según defienden, Begoña Gómez "no ostenta cargo público alguno ni cuanto menos es autoridad", por lo que afean que se le concedan "determinados privilegios" --como acceder al edificio judicial por "las cloacas" y no por la entrada principal-- por ser "esposa del presidente del Gobierno". Las acusaciones populares de Hazte Oír e Iustitia Europa han presentado ante el CGPJ un recurso --al que ha tenido acceso Europa Press-- contra el acuerdo gubernativo por el que la juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, autoriza el acceso de Gómez por el garaje de los juzgados por motivos de seguridad. También recurren la decisión de Del Barco de limitar el acceso a la sede judicial a los abogados, procuradores y particulares que deseen acceder a la sexta planta, donde se ubica el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. La decana ordenó que todos ellos "deberán acreditar ante el personal de seguridad o agentes de la Policía Nacional que están citados para la realización de cualquier actuación procesal ante dichos juzgados, pudiendo ser requeridos para que exhiban su carnet profesional". Del Barco acordó esta medida después de que en la declaración de Gómez del pasado 5 de julio accedieran a la planta del juzgado personas que no estaban entre las agencias de noticias acreditadas y que posteriormente grabaron imágenes en el interior del edificio --algo que no está permitido-- que llegaron a difundirse en redes sociales. ACUSAN A LA DECANA DE "EXTRALIMITARSE" Hazte Oír e Iustitia Europa consideran que este acuerdo "atenta contra la esfera profesional de los abogados". "No es posible llevar una causa de miles de folios sin acudir con nuestro equipo legal hasta la puerta del Juzgado", apuntan. A su juicio, la medida adoptada por la decana es "nulo de pleno derecho al extralimitarse en sus funciones, prohibiendo el acceso al juzgado a aquellos letrados que vengan en compañía de los ejercientes". El acuerdo, sostienen, vulnera el derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva. Insisten en que "el acuerdo no es tendente a ordenar y organizar el acceso a las diferentes sedes judiciales del partido judicial, sino a impedir el ejercicio profesional de los abogados que debemos comparecer en los procedimientos judiciales, todo ello provocado porque la ciudadana Begoña Gómez tiene que ser tratada de manera diferente". Así las cosas, ambas acusaciones solicitan al CGPJ "la suspensión cautelarísima del acuerdo gubernativo y todas las medidas coercitivas contenidas en él". Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press señalan que los vocales podrían tardar algunas semanas en dar respuesta al recurso porque antes tendrían que designar ponente, elaborar informe y remitirlo a la Comisión Permanente.
