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La representación navarra de la Junta de Transferencias ha avalado este miércoles la propuesta del Gobierno de España para ejecutar las sentencias del Tribunal Supremo que anularon parcialmente el Real Decreto 252/2023, de 4 de abril, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad foral de Navarra en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, así como su acuerdo complementario. De esta forma, la representación navarra de la Junta de Transferencias ha dado luz verde a la modificación de dicho Real Decreto que, posteriormente, tendrá que ser ratificada por la comisión mixta de la Junta de Transferencias. En concreto, y en ejecución de sentencia cuyo plazo vence este mes de julio, se acuerdan dos modificaciones. En primer lugar, eliminar de las funciones atribuidas a la Comunidad foral las correspondientes a "detectar infracciones". Una función que, según las sentencias del Tribunal Supremo, la Comunidad foral de Navarra no puede llevar a cabo sin una previa modificación de la ley orgánica 13/1982, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna). En segundo lugar, se acuerda ampliar como máximo a 1 de julio de 2026 el plazo para la transferencia de las funciones y servicios relativos a la tramitación, resolución y recaudación de las sanciones. El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, ha calificado que el acuerdo para la ejecución de las sentencias es un trámite "formal" y ha explicado que la reforma del Amejoramiento para garantizar el traspaso de la competencia sigue su camino. En la votación en la Junta de Transferencias, han respaldado el acuerdo para la ejecución de la sentencia los representantes de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que han votado en contra PPN y Vox. A la reunión han asistido, por parte del Ejecutivo foral, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna; la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo; el director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra, Joseba Asiain; el director general de Interior, Salvador Díez, y el jefe de sección de Asuntos Tributarios, Luis Ibarrola (en representación del servicio de Asesoría Jurídica). Por parte de las formaciones políticas han participado Javier Esparza (UPN), Ramón Alzórriz (PSN), Laura Aznal (EH Bildu), Pablo Azcona (Geroa Bai), Begoña Alfaro (Contigo-Zurekin), Irene Royo (PP) y Emilio Jiménez (Vox). Al término de la reunión, Félix Taberna ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que la sentencia del Supremo estableció que "no teníamos competencia en detección de infracciones, en policía de carreteras, y por lo tanto había dos vías para acceder a esas competencias, o bien la delegación de competencias por parte del Gobierno de España a Navarra o bien la reforma del Amejoramiento". Fuimos a la reforma del Amejoramiento y esto lleva una vía. La semana pasada ya el Gobierno de España tomó el anteproyecto en consideración y esperemos que próximamente se pueda remitir a las Cortes, tanto al Congreso como al Senado", ha indicado. Tras ello, ha señalado que lo que se ha acordado en la Junta de Transferencias es "ejecutar la sentencia del Supremo, que dijo que la competencia en detección de infracciones no era competencialmente ajustada para Navarra". "La parte de Navarra en la Junta de Transferencias ha conformado una posición posición mayoritaria, según la cual ejecutamos esa sentencia, suprimimos el ámbito de detección de infracciones, y damos también un desarrollo temporal más amplio a julio del 2026 para que se cierre todo el abanico competencial", ha señalado. El vicepresidente ha añadido que el próximo 23 de julio se reunirá de forma telemática la Junta de Transferencias compuesta por el Gobierno de España y por la parte de Navarra para refrendar el acuerdo por el cual el Gobierno de España tendrá que modificar el Real Decreto de transferencias del año 2023. "Hay que entender que en abril de 2023 se promulgó el Real Decreto de transferencias y estableció un ámbito temporal de año y medio, que sería enero de 2025. Ahora lo que hemos dado es un traslado a julio del 2026, porque lógicamente, para que llegue la gestión plena, hay que hacer todos los trabajos referentes, en primer lugar, a lo que es el procedimiento sancionador, todo el trámite de multas, todo el sistema informático, y luego también hay que entender que ahora, como Gobierno de Navarra, no queremos iniciar un proceso para el que todavía no tenemos una consolidación jurídica para llevarlo a cabo, y por lo tanto, la cuenta atrás, por decirlo de algún modo, empezaría en la reforma de nuestros Amejoramiento", ha indicado. Precisamente sobre esta reforma, ha señalado que si se aprueba y se publica en el Boletín Oficial del Estado y en el de Navarra en enero del 25, "a partir de ahí, nos ponemos a trabajar para que se haga efectivo". "Si se publica en enero la reforma del Amejoramiento de 2025, de nuevo tenemos que hacer otro Real Decreto de transferencias donde volvamos a recuperar aquello que hoy hemos aplicado por sentencia del Supremo. Lo que estamos haciendo es seguridad jurídica y lógicamente si no tenemos competencias, como Administración no estamos legitimados a ejercer unos trabajos sobre los que en este momento no tenemos competencias", ha explicado. Félix Taberna ha confiado en que "cuanto antes el Consejo de Ministros remita la reforma del Amejoramiento al Congreso, la Mesa del Congreso lo catalogará y por lo tanto va a su debate en el Congreso, y posteriormente al Senado". "Si el Senado votara en sentido contrario del Congreso, se tiene que levantar de nuevo por el Congreso", ha indicado. En todo caso, ha señalado que "el Gobierno de Navarra está dialogando con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para tener la mayoría suficiente y ahí estamos en buena sintonía para garantizar que haya mayoría suficiente".