Dos cargos de IU piden ser acusación particular en la causa de la AN que investiga el posible espionaje a Podemos

El diputado de Izquierda Unida (IU) por Tarragona Félix Alonso y el exdiputado de esa misma formación Joan Mena han presentado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional a cargo de la causa sobre las presuntas investigaciones extrapoliciales a políticos de Podemos por orden de la cúpula del Ministerio del Interior por el que indican que quieren ejercer la acusación particular dado que sus nombres constan entre las búsquedas realizadas entre 2015 y 2016 en bases policiales. En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, ambos cargos de IU explican que han tenido conocimiento de que en las presentes diligencias "se ha incorporado un informe de la Unidad de Asuntos Internos" en el que se da cuenta "del espionaje realizado por agentes de dicho cuerpo". Y advierten de que "queda constancia de que se habrían investigado ilegalmente las actividades públicas y privadas de diputados y diputadas del grupo parlamentario" al menos durante los años 2015 y 2016, años coincidentes con las XI y XII legislaturas. Por eso, y al comprobar que sus nombres aparecen en los listados aportados a la causa por la Unidad de Asuntos Internos, inciden en que deben constar como acusación particular. LA DOCUMENTACIÓN DE ASUNTOS INTERNOS Cabe recordar que el pasado 10 de julio trascendió la documentación enviada por Asuntos Internos al juez, y en la misma constaba que, al menos, 55 diputados electos en las elecciones generales de diciembre de 2015 y de 2016 y que pertenecían a Podemos, En Comú Podem, En Marea y Compromís --o a la coalición que formaron-- fueron objeto de búsqueda en esas bases de la Policía Nacional. Así, aparecían nombres como el del que fuera secretario general de Podemos Pablo Iglesias, la exministra de Igualdad Irene Montero, la actual secretaria general de Podemos, Ione Belarra, o la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. También aparecía el del portavoz de Sumar en el Congreso y fundador de Podemos, Iñigo Errejón, el que fuera diputado por Compromís Joan Baldoví, la exdiputada Carolina Bescansa o el actual ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. LA QUERELLA DE PODEMOS Ese informe fue aportado al procedimiento que el juez Pedraz abrió el pasado febrero, cuando admitió parcialmente la querella de Podemos contra el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el exdirector Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y otros altos cargos de la Policía por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre los cargos de la formación 'morada'. En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 admitía entonces la querella de forma parcial y en línea por lo solicitado por la Fiscalía, rechazando investigar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó y a otros responsables policiales. La querella se presentó por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desecha estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados. En su escrito, Podemos señalaba que los querellados, bajo el liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política". Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, con capacidad éste de decisión última, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales. El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las "fuentes policiales" para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos. Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento "falsario" de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados. En su auto, el juez Pedraz explicaba que una vez examinada la querella y verificado que algunos de los hechos serían competencia de la Audiencia Nacional y constitutivos de infracción penal procedía su admisión, aunque de forma parcial. En cuanto a los hechos y personas que inadmitía, el magistrado afirmaba que del relato de la querella no aparecía afirmada y sustentada indiciariamente que todos los querellados participaran en sus actuaciones con la finalidad criminal que se imputa. En este sentido, decía, no se aprecia que Fernández Díaz, Cosidó o los excargos policiales Bonifacio Diez Sevillano, José Manuel García Catalán, Manuel Vázquez López y Mariano Hervás intervinieran en la investigación de hechos relativos a diputados con la finalidad delictiva atribuida en la querella y sin el cumplimiento de las normas legales exigidas para realizar una investigación de los diputados. "Debe señalarse que ni del ministro Jorge Fernández Diaz o del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, no se relata más que una suposición de que por los cargos que ostentaban deberían conocer y autorizar los hechos. Dicha imputación es insuficiente para admitir la querella contra los mismos", explicaba el magistrado.