Vox abandona el examen del Congreso a los juristas para el CGPJ, al que no acude el grueso de socios del Gobierno

Vox ha abandonado este martes la Comisión de Nombramientos del Congreso en la que comparecen los juristas pactados por el PSOE y PP para formar parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que corresponde nombrar a esta Cámara y lo ha hecho para evidenciar su rechazo a un pacto que ha tachado de "espurio y deshonesto". Tampoco han acudido a este trámite el grueso de los habituales socios parlamentarios del Gobierno, que no han formado parte del acuerdo. El diputado de Vox Ignacio Hoces Íñiguez sí ha asistido a la Comisión de Nombramientos, pero ha aprovechado su primer turno de intervención para descalificar el pacto entre los dos grandes partidos y después ha abandonado la sala. Íñiguez se ha mostrado convencido de que ni siquiera los propios juristas que buscan la idoneidad del Congreso comparten que sus currículos lleguen ya "avalados" por PP y PSOE y ha vuelto a reclamar la reforma en el sistema de elección de los miembros del CGPJ para evitar que este órgano sea "colonizado" por los partidos. UNA "SUCURSAL PARLAMENTARIA" "El sentir general del pueblo español es que el Consejo General del Poder Judicial es la hermana pequeña de la política", ha abundado Hoces, incidiendo en que el CGPJ es ya "una verdadera sucursal parlamentaria" lo que tiene "nefastas" consecuencias para toda la Justicia. Tras la salida del representante de Vox, el examen a los aspirantes ha continuado con las intervenciones de los portavoces de Justicia PP, PSOE y Sumar, ya que ningún otro grupo parlamentario ha acudido a la Comisión de Nombramientos. Desde ERC y Bildu ya avanzaron que se desmarcarían de la renovación de dicho órgano. JUNTS RECLAMA UNA EVALUACIÓN DEL SISTEMA Posteriormente se ha incorporado el diputado de Junts Josep María Cruset, que lo ha hecho durante la comparecencia de la tercera jurista examinada. Pero, como Vox, ha tomado la palabra únicamente para desmarcarse a su formación de este trámite con el argumento de que lo que hay que evaluar no son los "nombres", sino el "sistema". A su juicio, el acuerdo pactado por PP y PSOE es una "operación cosmética" de los dos grupos mayoritarios para hacer creer que impulsan una regeneración democrática. "Por mucho que los partidos de Estado quieran levantar un decorado de falsa democracia, la realidad es que no se puede tapar el olor a cerrado", ha sentenciado. Finalmente ha censurado que "la justicia española no sea ni independiente ni rigurosa" y ha vuelto a reprochar que haya jueces haciendo de "políticos" a la hora de aplicar la Ley de Amnistía que aprobaron las Cortes Generales. Estas palabras del diputado catalán han encontrado contestación en el PP que, por boca de su portavoz de Justicia, María Jesús Moro, ha acusado a Junts, y también a Vox, de "utilizar el sistema para lo que les interesa" y ha rechazado que se hagan declaraciones "absolutamente exageradas" sobre los jueces por parte de los de Carles Puigdemont. UPN TAMBIÉN SE HA UNIDO En nombre del Grupo Mixto y también durante la tercera comparecencia, se ha unido a la comisión el diputado de UPN, Alberto Catalán, quien ha aprovechado para denunciar que las víctimas de ETA estén, según él, "totalmente desamparadas". "Se ha legislado a la voluntad de terroristas y a sus herederos políticos", ha insistido y ha reclamado una normativa que "ampare y defienda" a las víctimas. El portavoz de Sumar, Enrique Santiago, le ha replicado negando ese supuesto desamparo y mentando a las víctimas del franquismo para recalcar que siguen enterradas en "cunetas". De su parte, la diputada socialista Rafaela Romero ha reivindicado que la violencia de ETA se acabó hace 12 años y ha pedido preservar la memoria de "todas las víctimas" independientemente del bando en el que se encuentren.