La ley mordaza y los delitos de injurias, dos reformas distintas y bloqueadas durante años

Madrid, 16 jul (EFE).- La reforma de la ley mordaza y la despenalización de los delitos de injurias a la Corona y otros relacionados con la libertad de expresión son dos reformas distintas, que llevan años en la agenda de negociaciones de los socios de Gobierno y que no terminan de salir adelante.

El anuncio este martes de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de un acuerdo entre Sumar y el PSOE para reformar la ley mordaza dentro de un paquete de medidas de regeneración democrática se refiere en realidad a la despenalización de los delitos relacionados con la libertad de expresión, como han precisado más tarde fuentes del Ejecutivo.

La ley mordaza, siete intentos frustrados

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, está encima de la mesa desde su aprobación por iniciativa del PP en 2015 y estuvo cerca de salir adelante la pasada legislatura, pero finalmente fue imposible por desacuerdos en cuestiones clave.

Y precisamente no es en esta norma, que no penaliza las infracciones, sino que las sanciona administrativamente, donde pueden despenalizarse los delitos relacionados con la libertad de expresión.

Tan solo afecta el acuerdo al inciso 23 del artículo 36 de esa ley, que considera infracción grave "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información".

El Constitucional ya anuló ese precepto y los grupos pactaron en su momento modificarlo, como vuelven a hacer ahora, de tal manera que la mera grabación o difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en la calle o durante manifestaciones no constituye infracción, salvo cuando el uso de este material o de los datos de estos funcionarios suponga un "constatable" peligro para su seguridad o para la operación.

Una situación de peligro o riesgo que "deberá reflejarse motivadamente en el acta o en la denuncia, y con el mayor detalle que sea posible", según el acuerdo anunciado este martes.

En cualquier caso, la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la ley mordaza, ha encallado hasta siete veces, la última en marzo del pasado año, por cuatro escollos que no terminan de superarse: el material antidisturbios, faltas de respeto a la autoridad, la desobediencia y resistencia y las devoluciones en caliente.

Son las líneas rojas que han marcado sobre todo ERC y Bildu y que siempre han encontrado la oposición frontal del PSOE. Pese a ello, fuentes de Sumar confían en que ahora sea posible desencallar la negociación.

En paralelo a esa reforma, desde 2018 se debaten en el Congreso iniciativas para proteger la libertad de expresión y despenalizar el enaltecimiento del terrorismo, las injurias a la corona, las ofensas a los símbolos de la nación -como la bandera y el himno- y los delitos contra los sentimientos religiosos.

Ese es el sentido de proposiciones de ley propuestas en 2018 y 2021 por Unidas Podemos y en la actual legislatura por Sumar, textos que nunca se han convertido en ley y que siempre han encontrado el mismo obstáculo entre los socios de coalición y de investidura: el rechazo del PSOE a revisar los delitos de enaltecimiento del terrorismo.

Ahora, el acuerdo anunciado por Sumar afecta al delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público, reflejado en el artículo 525 del Código Penal; a los delitos contra la Corona, recogidos en los artículos 490.3 y 491 del Código Penal y a los de las injurias al Gobierno de la nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, Ejército tipificadas en el artículo 504.

La confusión se ha provocado tras el anuncio realizado esta mañana en Bruselas por Yolanda Díaz de un acuerdo para "derogar la ley mordaza".

Según ha explicado más tarde el diputado Enrique Santiago, el problema es la asimilación de la ley de seguridad ciudadana con la ley mordaza, cuando en realidad existen varias "leyes mordaza" que limitan la libertad de expresión y en la actual legislatura se dan las condiciones para que haya "un gran acuerdo" de las fuerzas de investidura. EFE

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