La Fiscalía apoya la entrega a República Dominicana de una española por traficar con niños

Madrid, 14 jul (EFE).- La Audiencia Nacional estudia este lunes si extradita a la República Dominicana a una mujer española acusada de sustracción de menores y que supuestamente se encargaba de trasladar de forma ilegal hasta España a niños apartados de sus familias, simulando que eran maltratados y necesitados de asilo.

 Pese a que la reclamada, C.H.M, es de nacionalidad española, la Fiscalía apoya la entrega al considerar que se dan los requisitos previstos para acceder a la extradición de nacionales.

Según la reclamación de las autoridades dominicanas, que recoge el fiscal en su informe, al que ha tenido acceso EFE, esta mujer se dedicaba al tráfico ilegal de niños, niñas y adolescentes, por medio de una estructura criminal transnacional.

Sobre la base de una denuncia anónima interpuesta ante la Fiscalía de la Provincia de Barahona, el 12 de mayo de 2023, señala el escrito, se abrió una investigación contra un grupo de personas que se dedicaba "a captar menores de edad con el propósito de llevarlos al exterior del país con documentos obtenidos de manera fraudulenta".

En dicha investigación salió a relucir la existencia de una organización que se dedicaba al tráfico ilegal de niños, niñas y adolescentes, por medio de una estructura criminal transnacional.

La reclamada era al parecer una de las personas que solventaba financieramente y estaba a la cabeza de toda la operación para que los menores fueran llevados a España con pasaportes dominicanos obtenidos a base de documentos y testimonios falsos.

 Para lograr su propósito, la estructura criminal, expone la Fiscalía, "simulaba que los niños habían sido maltratados en la República Dominicana y solicitaban asilo de protección en España a favor de ellos, luego completaban el protocolo necesario para que C.H.M. les diera acogida en España, apartándolos de su familia biológica".

Según la legislación dominicana, estos hechos son constitutivos de un delito de pertenencia a organización criminal transnacional dedicada al tráfico de niños, análogo en España al de sustracción de menores, a los que la Fiscalía añade los de pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

Respecto a la nacionalidad española de la reclamada, el Ministerio Público explica que si bien no existe prohibición de acceder a la entrega, tampoco existe una obligación de hacerlo.

Para acordarla, indica, se tienen en cuenta una serie de requisitos.

Estos son: que la pena máxima sea de veinte años de prisión, lo avanzada que esté la causa (la Justicia dominicana ya ha abierto juicio oral), que las pruebas radiquen en el país reclamante, y la necesidad de no romper la continencia de la causa, toda vez que en esta caso la acusación se dirige contra cinco personas en total que actuaron de forma concertada en el seno de una organización criminal.

Además de esta causa, la Audiencia Nacional ve también este lunes si extradita a Argelia a un hombre, detenido en marzo en España y acusado de homicidio involuntario de su hijo menor que murió en noviembre de 2022 asfixiado en un contenedor con el que su padre pretendía que abandonase el puerto argelino de Orán para llegar a Marruecos.

La Fiscalía respalda que el reclamado S.Z. sea entregado a su país por los delitos de homicidio por imprudencia con violación intencionada de los deberes de precaución o seguridad pero no considera procedente extraditarle para ser juzgado por los delitos de tráfico de migrantes.

Entiende el Ministerio Público que el padre del menor fallecido no tenía ánimo de lucro al aceptar el ofrecimiento de un conocido en que su hijo saliera del país oculto en un contenedor, pero sí procede su entrega a Argelia para ser juzgado por homicidio imprudente y delito de exposición al peligro a la vida de otras personas, castigado con hasta 4 años de prisión en su país. EFE

na-lca/sgb