Pere Baos
Palma, 14 jul (EFE).- La dificultad para acceder a una vivienda digna y de precio razonable ha disparado en las islas Baleares una oleada de movilizaciones sociales contra la masificación turística impulsadas por entidades de todo tipo, desde organizaciones políticas y ecologistas a grupos vecinales.
Retomando el hilo de campañas como ‘Salvar Mallorca, es ahora o nunca’ y ‘Menos masificación es más’, impulsadas por el Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (Gob) en 2018; el pasado 25 de mayo, cerca de 10.000 personas se manifestaron en Palma para protestar contra la masificación turística.
La marcha, hasta ahora la más multitudinaria del movimiento contra la saturación del turismo, tenía por lema ‘Mallorca no se vende. Digamos basta’ y fue organizada por la entidad Banc del Temps de Sencelles, una pequeña organización vecinal surgida en un pueblo del interior de la isla a raíz de la carestía de la vivienda.
El 21 de julio está convocada otra manifestación, esta vez promovida por una plataforma más amplia y variopinta, para exigir medidas que rebajen la presión turística, un problema que actualmente ya admiten la gran mayoría de partidos, incluido el PP, que desde el Govern ha puesto en marcha una mesa de diálogo político y social para redefinir el modelo económico balear.
En el archipiélago los efectos de la presión turística son el epicentro del debate público, concretamente, del alquiler ilegal de pisos; el Consell de Mallorca puso en marcha en octubre del año pasado un plan para combatirlo, pero ha admitido que es muy complejo detectarlo y sancionarlo.
El alquiler a turistas de viviendas en inmuebles plurifamiliares está prohibido en toda la isla de Ibiza, en Palma y en los principales municipios turísticos de Mallorca. En Menorca se permite en urbanizaciones y en algunos núcleos urbanos.
En Baleares, alquilar una vivienda cuesta de media 17,57 euros el metro cuadrado, lo que supone un 50 % más que el precio promedio de España y sitúa el archipiélago como la región más cara del país, según el portal inmobiliario pisos.com.
El 2023 se creó la Contracumbre Social del Turismo, bajo el lema ‘Menos turismo, más vida’, para responder al encuentro de ministros de turismo de la Unión Europea en Palma. Los promotores de esta cumbre alternativa anunciaron el pasado 21 de junio una serie de “movilizaciones y reivindicaciones” conjuntamente con organizaciones y asociaciones de las cuatro islas que conforman el archipiélago.
En la movilización confluyen las iniciativas de la campaña ‘Vía Menorca’ lanzada por el Gob Menorca, la red de movimientos sociales de Ibiza y Formentera y otras entidades y colectivos articulados bajo el nombre 'Cambiemos el rumbo', y la plataforma 'Menos turismo, más vida', en Mallorca.
Entre los actos organizados destaca la convocatoria de la manifestación del 21 de julio con el lema ‘Cambiemos el rumbo: pongamos límites al turismo’, culminación de otras protestas de las semanas previas y prólogo de las que proyectan para mantener la presión sobre las instituciones políticas.
El militante ibicenco en la plataforma 'Cambiemos el rumbo' Pau Torres ha visto “muy oportuno este momento de revuelo reivindicativo que ha habido en Canarias” para iniciar una campaña paralela en las Islas Baleares, que “sufren problemas muy similares”.
Ante la masificación turística, o “turistificación”, la mayoría de organizaciones coinciden en la importancia de poner el foco en el problema que supone la carestía de la vivienda.
El portavoz de 'Menos turismo, más vida', Jaume Pujol, afirma que el acceso a una vivienda digna debe ser “un derecho universal” y no “un bien de mercado”, además añade que los empleos dedicados al turismo en Mallorca están “muy precarizados” y reivindica “trabajos dignos, con salarios y horarios dignos”.
En la localidad de Sóller, en Mallorca, el principal problema es la presión turística durante los meses de julio y agosto, marcada sobre todo por la afluencia de coches de alquiler que circulan y aparcan en el pueblo.
La militante de la asociación vecinal SOS Sóller Concepció Bauzà destaca que “es imposible encontrar aparcamiento” en el pueblo cuando vuelve de trabajar, que “la solución no es crear plazas de estacionamiento” sino “limitar la entrada de vehículos de alquiler”, que es “un problema que afecta a toda la isla y no solo a esta localidad”.
En Menorca, el principal problema que la masificación turística comporta es “el incremento desmesurado del alquiler turístico”, apunta el coordinador de política territorial del Gob y militante de Vía Menorca, Miquel Camps, quien añade que “es mucho más atractivo alquilar las viviendas a turistas en verano” que a los locales y aboga por “combatir el alquiler turístico ilegal”.
Además, Camps apunta que es esencial combatir los repuntes de presión turística de julio y agosto en la isla “multiplicando generosamente la ecotasa en estos meses” para “disuadir a los turistas de venir”, “limitando la presencia de vehículos de alquiler”, igual que se ha hecho en Formentera y, “eliminando plazas turísticas obsoletas”. EFE
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