El TC examinará el 29 de julio si el candidato pactado por PP y PSOE para ser nuevo magistrado cumple con los requisitos

El Tribunal Constitucional (TC) celebrará el próximo 29 de julio, a las 11.00 horas, un Pleno en el que examinará si el exvocal del Consejo General del Poder Judicial José María Macías cumple con los requisitos para ser magistrado de la corte de garantías y ocupar la plaza que dejó vacante el magistrado Alfredo Montoya en 2022 por motivos de salud. Macías figura como candidato al Constitucional desde el pasado 26 de junio, cuando el PSOE y el PP, en el marco del pacto para renovar el CGPJ, acordaron cubrir la vacante que llevaba casi dos años pendiente en este tribunal. Su nombre llegará formalmente al TC a propuesta del Grupo Popular en el Senado tras ser promovida por la Diputación Permanente del Parlamento de La Rioja. Fuentes jurídicas confirman a Europa Press que los magistrados del TC ya han sido convocados para el Pleno en el que deberán analizar la idoneidad de Macías, comprobando que cumple con los requisitos legales para ser magistrado del tribunal; es decir, ser español y juez, fiscal, profesor universitario, funcionario o abogado, jurista de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Las mismas fuentes precisan que, en caso de que el Constitucional de su visto bueno al candidato --como es habitual--, Macías se incorporaría a efectos prácticos de forma inmediata. No obstante, señalan que la jura ante el Rey Felipe VI y el acto de toma de posesión tendrían lugar luego, previsiblemente en septiembre. MACÍAS, UN EXVOCAL CRÍTICO CON LA AMNISTÍA Macías ha sido hasta ahora vocal del CGPJ y uno de los que se ha pronunciado públicamente en contra de la ley de amnistía desde antes de que se aprobara en el Congreso. Ha ejercido como vocal del órgano de gobierno de los jueces desde 2015, cuando fue elegido para sustituir a Mercé Pigem a propuesta del PP, y ha formado parte de la denominada ala conservadora del CGPJ. Se prevé que a su llegada al Constitucional se sume al sector conservador, hasta ahora integrado por cuatro magistrados, frente a los siete que conforman el bloque progresista. En su condición de vocal, Macías llegó a advertir en algunas entrevistas de la proposición de ley que presentó el PSOE en noviembre con la intención de perdonar una década del proceso independentista catalán. Según afirmó en La2 y Ràdio 4, el Estado de Derecho "se ha de considerar abolido" tras la aprobación de dicha ley de amnistía. Además, afeó que la finalidad de la norma fuese constituir un Gobierno con Pedro Sánchez como presidente y defendió que cualquier ley con esa justificación nunca sería constitucionalmente aceptable. "Mandar por mandar no es una justificación legítima", dijo. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press sostienen que es posible que, ante sus declaraciones públicas, haya quienes presenten recusaciones y le pidan apartarse de las deliberaciones sobre los eventuales recursos que se presenten contra la ley de amnistía. Añaden, además, que también participó en el debate y votación en el seno del CGPJ del que salió el informe contrario a la proposición de ley. Otras fuentes, sin embargo, recuerdan que el propio Tribunal Constitucional ya ha rechazado apartar a magistrados que hubiesen informado en su condición de vocales de una proposición de ley o que hayan defendido posturas ideológicas ante de asumir el cargo. 34 AÑOS EN LA CARRERA JUDICIAL Es licenciado en Derecho con premio extraordinario por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1988. Ingresó en la carrera judicial dos años después. Desde entonces y hasta 2005 ejerció en varias jurisdicciones, principalmente en la contencioso-administrativa. Según consta en la página web del Poder Judicial, también desempeñó funciones gubernativas como miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña. Mientras permaneció en servicio activo, fue miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de la carrera judicial. A su vez, fue director general de Asuntos Contenciosos de la Generalidad de Cataluña en los años 2002 y 2003, durante el gobierno del expresidete Jordi Pujol. En 2005 solicitó la excedencia voluntaria para ejercer la abogacía y se incorporó como socio a 'Cuatrecasas, Gonçalves Pereira'. Además, ha sido docente desde 1991 como profesor asociado de Derecho Administrativo y de la Unión Europea de la Universidad Autónoma de Barcelona.