Sumar ha preguntado al Ministerio del Interior si contempla medidas disciplinarias contra los funcionarios policiales que participaron en el presunto espionaje a diputados de Unidas Podemos entre 2015 y 2016, que coincidió con la etapa del PP en el Gobierno. También solicita al departamento que dirige Fernando Grande Marlaska si piensa adoptar medidas para asegurarse que este tipo de seguimientos extrajudiciales, que ahora investiga la Audiencia Nacional, no se van a volver a repetir en un futuro. El dirigente de IU y portavoz adjunto del grupo plurinacional, Enrique Santiago, ha compartido en redes una serie de preguntas parlamentarias, en las que además solicita la valoración del Ejecutivo sobre estos rastreos policiales que se efectuaron durante la etapa del exministro popular Jorge Fernández Díaz al frente de Interior. Asimismo, pide al Ministerio si puede aportar una relación completa de todos los diputados que fueron objetos de seguimientos policiales, convencido de que perseguían dañar la imagen reputacional del espacio progresista que se articuló bajo Unidas Podemos. Santiago ha escrito en la red social 'X' que esta "persecución política" realizada por la "policía patriótica" del PP "no puede quedar impune", al acusar a esta formación ed querer "acabar con la democracia". En la argumentación de las iniciativas, insiste en que esta operación de seguimiento presuntamente delictiva se efectuó en una etapa en la que el PP temía perder el Gobierno, ante una posible aliaza entre PSOE y Unidas Podemos que no se produjo. "Esta operación de espionaje eminentemente delictiva no es más que otro ejemplo de otras llevadas a cabo por esa 'policía pepera' como otros la denominan, y que hemos ido conocimiento los últimos años, como la operación 'Kitchen'", ahonda Santiago, quien demanda depurar responsabildidades y que Interior preste la máxima colaboración para esclarecer la "verdad" y "sancionar" a sus responsables políticos y policiales. ERREJÓN: SE NOS TRATÓ COMO EN LAS DICTADURAS El socio minoritario de la coalición, por medio de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, ha reclamado al PP que depure responsabilidades por este presunto espionaje. Previamente, el portavoz del grupo plurinacional en el Congreso, Íñigo Errejón, ha afirmado en declaraciones en el Congreso que ese supuesto espionaje es "extremadamente grave" y que en cualquier país "estaría sacudiendo los cimientos políticos e institucionales". Tras remarcar que entre los afectados está él mismo y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha censurado que fueron "espiados por sus posiciones políticas", algo que solo sucede en las "dictaduras". "Mientras se nos decía que queríamos traer a España un régimen autoritario, se nos trataba como tratan las dictaduras a los opositores, que es espiándoles. Esto es extraordinariamente grave", ha ahondado Errejón para exigir que el PP, aunque está enredado con sus "líos con la extrema derecha" sobre la política de migración, debería salir a dar explicaciones por "mínima decencia y vergüenza democrática". Por último, ha demandado que los responsables policiales y políticos de este espionaje tendrían que estar "sentados ante un tribunal" y "acabar en prisión".