La Fundación Raíces no ve garantías suficientes en la reforma para el reparto de menores

Madrid, 9 jul (EFE).- La Fundación Raíces valora que se busque una solución a la situación de Canarias, cuyos recursos asistenciales están saturados por la llegada de inmigrantes, pero considera que la reforma legal que plantea el Gobierno "no ofrece las garantías imprescindibles" para proteger a la infancia.

Así se ha referido la entidad este martes, en un comunicado, a la reforma de la ley de Extranjería diseñada por el Gobierno central y el canario para establecer el reparto de menores migrantes a otras comunidades autónomas cuando las zonas de llegada estén tensionadas, como ocurre en Canarias.

Un texto para el que ambos Ejecutivos buscan recabar apoyos políticos suficientes y que se presentará a las comunidades autónomas mañana, miércoles, en una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en Tenerife.

Bajo el punto de vista de esta entidad, la situación de los niños y niñas que llegan a España solos es "dramática" y, "mientras se debate el modelo, se hace un uso partidista de la vida de miles de personas", que son utilizadas "como moneda de cambio".

La Fundación Raíces ha subrayado que el Estado y las comunidades autónomas deben tener claras sus responsabilidades y competencias para articular "un sistema viable, eficaz, constitucionalmente admisible y, sobre todo, respetuoso con los derechos de los niños y las niñas".

Y ha defendido la solidaridad entre territorios, ya que "con un reparto equitativo entre todas las comunidades, lo que hoy se vive como un problema podría convertirse en una gran oportunidad".

Pero ha recalcado que en el nuevo modelo debe garantizar el derecho del menor a ser oído y a acceder a una defensa letrada que mire por sus intereses y que le permita recurrir cualquier decisión que le afecte, incluso en contra de sus representantes legales.

En cambio, la fórmula presentada, según su análisis, "no ofrece las garantías imprescindibles" para que sea un modelo "viable, eficaz y respetuoso" con los principios básicos de las normas nacionales e internacionales que garanticen la correcta protección a la infancia.

Una respuesta que, han precisado, debe ir "de la mano" de un fortalecimiento de los sistemas de protección y del impulso de otras formas de acogimiento, alternativas a la institucionalización y ya contempladas en la ley, como los acogimientos familiares o en recursos de base familiar y comunitaria de entidades privadas.

Para la Fundación Raíces, el debate generado "política y socialmente" pone en entredicho, "una vez más", el compromiso de España con los derechos humanos, en especial de la infancia migrante sin protección familiar.

"Vuelve a quedar evidenciado que, en materia de niños y niñas migrantes, prima su condición de extranjeros frente a la de infancia", ha lamentado. EFE

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