Barcelona, 8 jul (EFE).- El expresidente catalán Carles Puigdemont ha denunciado la "grotesca arbitrariedad" del Tribunal Supremo al no amnistiarle por el 1-O y ha pedido que se le aplique el mismo criterio que exoneró al exconseller Miquel Buch: la malversación se perdona si los fondos tuvieron como finalidad el procés.
Así lo sostiene el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, en un escrito, al que ha tenido acceso EFE, en que pide a la sala segunda el Tribunal Supremo que revoque la decisión del juez instructor Pablo Llarena de no amnistiarle y de mantener activa su orden de detención en España, al concluir que su malversación queda excluida de la ley porque hubo enriquecimiento personal y puso en riesgo las finanzas europeas.
Puigdemont, que denuncia en su escrito que al negarle la amnistía se han vulnerado sus derechos constitucionales, remarca que, contrariamente a lo que "con mendacidad" y "absoluta arbitrariedad" sostuvo Llarena, ninguno de los procesados en la causa por el 1-O en el Supremo cometió ninguna clase de enriquecimiento que permita excluirles la aplicación de la amnistía por la malversación.
En este sentido, argumenta que cuando el juez identifica la aplicación de fondos públicos para financiar el 1-O con el beneficio personal de carácter patrimonial, reduce "a nada la amnistía", a sabiendas de que con ello dicta una resolución injusta, que infringe la Constitución y que "prescinde abiertamente de la inequívoca voluntad del legislador", para imponer una interpretación "perjudicial para la parte".
Según la tesis compartida por Llarena -respecto a los procesados por malversación por el 1-O que siguen huidos de España- como por la sala segunda del Supremo -en relación a los condenados-, en el caso de la cúpula del procés la malversación queda fuera de la amnistía porque puso en riesgo las finanzas de la UE y porque hubo enriquecimiento personal, ya que "hicieron con el patrimonio ajeno que les estaba confiado lo que no pudieron o no quisieron hacer con su patrimonio".
Además del voto particular de la magistrada del Supremo Ana Ferrer -partidaria de aplicarles la amnistía-, Boye esgrime en su recurso contra la sentencia del pasado 25 de junio en la que la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) amnistió al exconseller de Interior Miquel Buch, que había sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por fichar como asesor a un exescolta de Puigdemont para que siguiese protegiéndole tras su huida.
En el caso de Buch, en el que el agente condenado -y también amnistiado- cobró en los 224 días que fue asesor, entre 2018 y 2019, un total de 52.712 euros de fondos públicos, el TSJC estimó que la ley incluía el perdón si los hechos sirvieron para "financiar, sufragar o facilitar" actos independentistas, siempre que no existiese un propósito de enriquecimiento personal, entendido como "beneficio personal de carácter patrimonial" cometido "al margen" de los "fines" del procés.
Además, el recurso también apunta que la "única interpretación lógica" de un auto de junio del pasado año del Supremo sobre la causa del 1-O -en que mantuvo la inhabilitación a los condenados tras la reforma del delito de malversación-, es que descartaba que se pudiera calificar la financiación del referéndum como un acto destinado al "enriquecimiento personal".
Por todo ello, Boye concluye que la decisión de no amnistiar a Puigdemont es "absurda, arbitraria, ilógica e irracional" y que además vulnera sus derechos constitucionales y también la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. EFE
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