Madrid, 8 jul (EFE).- A solo dos días de que se celebre la Conferencia Sectorial en Tenerife para abordar la reforma legal para el reparto de menores migrantes no acompañados crecen las presiones hacia el PP para que fije su postura sobre la propuesta, ya que su apoyo es fundamental para que salga adelante.
Este lunes, Vox ha amenazado al PP abiertamente con romper los gobiernos autonómicos donde tienen pactos si no se oponen al reparto; Coalición Canaria ha recordado al partido de Alberto Núñez Feijóo su compromiso con las islas, donde gobiernan juntos; y el Gobierno le ha pedido que rompa efectivamente con Vox y tenga sentido de Estado en esta materia.
Ante todos estos estímulos, Feijóo ha salido del paso en una comparecencia pública desde Barcelona sin aclarar si apoyará o no la reforma legal que se presenta el miércoles, aunque sí ha defendido la solidaridad de los territorios dentro sus capacidades.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que su formación considerará rotos y abandonará los gobiernos regionales que comparte con el PP si no utilizan "todos los medios políticos y legales" para evitar el reparto de menores no acompañados por las "calles, pueblos y ciudades" de España.
Por otro lado, el secretario de Coalición Canaria, David Toledo, ha pedido al PP una posición "clara y definida" sobre la reforma y ha recordado que la formación en las islas ha firmado el pacto migratorio en Canarias, por lo que, "está del lado de los que quieren la modificación de la ley de extranjería".
De hecho, en una entrevista a El Mundo, publicada este lunes, el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez (PP), ha opinado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe "imponer" a las comunidades autónomas "un reparto obligatorio de menores".
Por su parte, el Gobierno ha reiterado su posición y ha pedido "responsabilidad" y sentido de Estado al PP. Su portavoz y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha recordado que se trata de "personas, de niños y niñas menores de edad" y ha llamado a "afrontar" este tema "con madurez".
Más contundente se ha mostrado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha instado a Feijóo a romper con Vox de una vez y permitir el reparto equitativo: "Déjense ya de excusas y practiquen la solidaridad", ha señalado.
Poco después, en una rueda de prensa desde Barcelona, Feijóo ha evitado responder, una vez más, si apoyarán o no la reforma de la ley de extranjería, pero ha defendido la "solidaridad" en el reparto de menores no acompañados, siempre dentro de las "capacidades" de cada comunidad autónoma.
Ha avisado que "nadie puede dar lo que no tiene", pero ha señalado que las autonomías gobernadas por el PP "pondrán a disposición" del Gobierno y del Gobierno canario "su capacidad para atender a los menores".
Y ha vuelto a cargar contra el Gobierno, al que ha acusado de "abandonar" a las comunidades y no tener política migratoria ni solucionar esta problemática.
El Partido Popular no ha cerrado la puerta en ningún momento al reparto de menores no acompañados por el territorio, aunque ha subrayado que la competencia migratoria pertenece al Gobierno, no a las comunidades autónomas.
Además, fuentes de la dirección nacional del PP han mostrado su rechazo a que la distribución de los menores sea obligatoria, como pide la reforma de la ley de extranjería que impulsan el Ejecutivo y el Gobierno de Canarias y como defiende también el líder del PP en Canarias y vicepresidente del archipiélago, Manuel Domínguez.
La propuesta de modificación legislativa, diseñada por el Gobierno y el Ejecutivo canario, propone una serie de cambios en el artículo 35 de la ley de extranjería para establecer el reparto de los menores migrantes no acompañados que llegan a una zona ya tensionada a otras comunidades.
Según los documentos iniciales con los que se trabaja, a los que ha tenido acceso EFE, la idea es activar estos traslados cuando una región supere el 150 % de su capacidad, como ocurre en la actualidad con Canarias.
Acerca de los criterios de reparto, se establece que se aprobará en una Sectorial un nuevo modelo de gestión de contingencias que contendrá estos baremos pero, hasta entonces o en el caso de no conseguir este acuerdo, regirá el último modelo, aprobado en 2022, que tenía en cuenta factores como el PIB o la población.
Además, el texto establece un año de plazo a partir de la entrada en vigor de esta norma para que, una vez identificados los menores afectados, se proceda a la aplicación de estas medidas.EFE
lll-del/ros
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