Madrid, 4 jul (EFE).- Los servicios sociales del País Vasco, Navarra y Castilla y León obtienen las mejores calificaciones en el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en centros de esta actividad, que además avisa de que queda "mucho camino" para que la atención en el hogar prime sobre la residencial.
El informe Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales 2022 (Índice DEC), elaborado con datos oficiales públicos estatales y de todas las autonomías y presentado este jueves, aborda un año más el estado del sistema público de protección social que gestionan las comunidades autónomas, en esta ocasión con datos de 2023 y 2022.
La Asociación confirma que el sistema está "ampliamente consolidado" como el cuarto pilar del Estado del bienestar, a pesar de los "recortes inmisericordes" durante la crisis, y reivindica que el gasto en esta materia llegue al menos al 2 % del PIB.
Con datos en este caso de 2022 -último año con cifras oficiales del presupuesto liquidado, dice-, el informe apunta que el gasto de las administraciones públicas en servicios sociales, que se viene incrementando desde 2014, creció otro 10,7 %.
También aumentó el porcentaje del presupuesto destinado a servicios sociales, del 9,27 en 2021 al 10,24 % en 2022, aunque creció menos que la economía y en consecuencia el porcentaje del PIB que supone este gasto se redujo, por segundo año consecutivo, hasta el 1,81 %.
Como ocurre año tras año, el Índice DEC muestra las "grandes diferencias" entre territorios y como ejemplo ponen la enorme distancia en gasto por habitante en servicios sociales no ya de las comunidades con régimen foral, como País Vasco, con 961,9 euros, sino también entre las de régimen común, con Extremadura (633 euros) un 72,6 % por encima de Murcia (366,8 euros).
También, que el porcentaje del PIB regional destinado en Extremadura a servicios sociales (2,96 %) casi triplica el de Murcia (1,02 %).
Como consecuencia de estas diferencias de gasto se producen desigualdades en prestaciones y servicios como es que el número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (5.645) es ocho veces superior a Navarra (684).
O también que el porcentaje de plazas residenciales públicas para personas mayores de 70 años es 4,7 veces superior en Castilla y León (8,22 %) que en Valencia (1,76 %); que Andalucía ofrece una cobertura 21 veces mayor de Ayuda a Domicilio que Extremadura (13,24 frente a 0,62 %); o que la proporción de mayores de 70 años con teleasistencia domiciliara es diez veces superior en Castilla-La Mancha (23,4 %) que en Extremadura (2,15 %).
Estas diferencias se concretan en las calificaciones otorgadas, que encabezan País Vasco (7,44 sobre 10), Navarra (6,97), Castilla y León (6,79), de los que destaca su eficiencia y que han desarrollado sus servicios sociales de acuerdo con las entidades locales, que es "la clave".
Después van La Rioja (5,86), Asturias (5,74), Canarias y Castilla-La Mancha (5,33), Extremadura (5,28), Cataluña (5,02), Andalucía (5,0), Baleares (4,86), Aragón (4,84), Comunidad Valenciana (4,73), Madrid (4,54), Galicia (4,49), Cantabria (4,05) y Murcia (2,37), aunque teniendo en cuenta otros criterios Castilla-La Mancha es novena tras Cataluña y Madrid antepenúltima.
El Índice DEC subraya este año el escaso desarrollo en la última década de los servicios sociales domiciliarios (ayuda a domicilio y teleasistencia) o complementarios del domicilio (centros de día) y sus autores concluyen que será necesario un importante compromiso económico para avanzar en los objetivos de desinstitucionalización anunciados por el Ministerio de Derechos Sociales.
Se refieren a la estrategia estatal aprobada por el Gobierno el pasado 11 de junio para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad, en la que prima la atención en el hogar frente al modelo de grandes residencias, dirigido a personas mayores, con discapacidad, menores tutelados y personas sin hogar.
Indica por ejemplo que la cobertura del servicio de Ayuda a Domicilio apenas ha variado desde 2010 y que su intensidad es también muy baja, con una media de 20,2 horas mensuales.
La cobertura de los centros de día muestra una escasa o nula evolución, ya que desde 2010 se mantiene en un 0,7 % de las personas mayores de 65 años y un 0,96 % de los mayores de 70 años, lo que muestra que sigue siendo un servicio "casi marginal".
La teleasistencia es el único servicio que muestra una cierta evolución en esos 12 años, ya que la tienen el 10,2 % de los mayores de 65 años y el 14,1 % de los mayores de 70 años.
A juicio de la Asociación, estos datos muestran que la desinstitucionalización tiene "los pies de barro" y si no se incrementa el presupuesto, además de generar un cambio conceptual, "se quedará en retórica o cargará sobre las familias".
Incluso pone un plazo para cumplir el objetivo de establecer la teleasistencia como un derecho subjetivo para toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio: más de 20 años se necesitarían si se tiene en cuenta que en 2023 sólo aumentaron en 37.825 mientras quedaban 760.000 personas por alcanzar la cobertura del 100 %. EFE
esv/oli
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