Barcelona, 3 jul (EFE).- Vox ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que anule el voto delegado del expresidente Carles Puigdemont y del exconseller Lluís Puig, después de que la Mesa de Edad del Parlament lo permitiera en el pleno del 10 de junio, en el que se eligió a los miembros del órgano de la Cámara.
El escrito del grupo parlamentario de Vox en Cataluña solicita al TC que anule los acuerdos que permitieron a Puigdemont y Puig participar en la elección de la Mesa del Parlament, a través de la delegación, y que en consecuencia deje sin efecto sus votos, que no fueron determinantes en el resultado.
La Mesa de Edad del pleno de constitución del Parlament, encabezada por Agustí Colomines (JxCat), que con 66 años es el diputado mayor de la cámara, con el apoyo de Mar Besses (ERC); acordó aceptar que Puigdemont y Puig pudieran delegar su voto en el también diputado de JxCat Albert Batet.
Vox se suma así al recurso del PP contra la decisión de la Mesa de Edad, que el TC admitió a trámite sin estimar la medida cautelarísima que pedía la suspensión del acuerdo adoptado por la misma, aunque ha abierto una pieza separada para tramitarla como cautelar, lo que supone recabar informes de las partes.
En su documento, Vox subraya que la sesión plenaria "tenía gran relevancia y trascendencia, dado que los diputados con su voto debían designar a los miembros que conformarían la Mesa del Parlament de Cataluña" durante la presente legislatura.
La formación subraya que el TC declaró inconstitucional en 2022 un acuerdo de la Mesa de la pasada legislatura para que admitiera la delegación del voto de Puig, en un "supuesto idéntico" al del pasado 10 de junio, y volvió a hacerlo de nuevo mes pasado al estimar un recurso interpuesto por el PSC-Units.
En el documento, Vox también recuerda que la Constitución consagra "el principio del carácter personal e indelegable que ostentan los diputados y senadores en el ejercicio de su voto, que completa el desarrollo de las funciones representativas".
"En consecuencia, la delegación a terceros del ejercicio de su cargo, sin justificación extraordinaria, supone la destrucción absoluta del vínculo entre representantes y representados", argumenta la formación.
Además, insiste en que "únicamente a través de una resolución sobre el fondo de esta demanda de amparo puede repararse el grave atentado contra la democracia representativa, el pluralismo político y la protección de minorías que suponen las actuaciones impugnadas".
"De no admitirse y resolverse esta demanda en el fondo, se estará aceptando que cierta mayoría de un Parlamento pueda establecer un criterio unilateral y plenamente contrario y extensivo en cuanto al respeto de la representación de las funciones parlamentarias por quien ha sido elegido entre los electores", añade. EFE
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