Boye pide actuar contra el juez del caso Volhov: "socava la confianza en la justicia"

Barcelona, 1 jul (EFE).- Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha recurrido su imputación por la supuesta injerencia rusa en el procés en un duro escrito en el que pide al poder judicial que actúe contra juez Joaquín Aguirre por "socavar la confianza" en la justicia y el Estado de derecho.

En sendos recursos, Boye y Josep Lluís Alay, asesor de Puigdemont y también imputado, piden a la Audiencia de Barcelona que revoque la decisión del juez de abrir una nueva pieza para indagar las supuestas conexiones con Rusia para el procés, apenas dos semanas después de que el mismo tribunal frenara su investigación al anular las dos últimas prórrogas de la causa.

En sus recursos, los investigados acusan al juez de haber "incumplido" de forma deliberada las decisiones de un tribunal superior y alertan de que es "responsabilidad del poder judicial reconducir la situación" porque, a su parecer, lo que está en juego es "la propia credibilidad del sistema de justicia".

Para los recurrentes, el "incumplimiento deliberado" de las decisiones de la Audiencia "no solo viola los principios de la jerarquía judicial, sino que también puede considerarse un abuso de poder, socavando la confianza en la justicia y el Estado de derecho".

Por ese motivo, creen que debe ser el "propio sistema judicial el que reaccione, reconduzca la situación y aparte" al magistrado, "exigiendo las responsabilidades penales, civiles o sancionadoras que correspondan".

Los investigados advierten de que la actuación del juez Aguirre, "contraria a lo decidido por sus superiores, no solo es incompatible con la función jurisdiccional, sino que representa un peligro para la estabilidad del sistema judicial y la seguridad jurídica de los ciudadanos".

"Tal comportamiento puede ser percibido como una forma de despotismo judicial, donde el poder discrecional se convierte en arbitrariedad", insisten los recursos, que argumentan que la respuesta que se dé a este caso "determinará la credibilidad del sistema judicial y su encaje correcto en el marco de un estado democrático y de derecho".

Para los investigados, la pieza sobre la supuesta injerencia rusa que ha abierto el juez "no solo no es ajustada a derecho sino abiertamente prevaricadora y desobediente", gestada sobre un "uso torticero del derecho y sobre la base de un indebido dispendio de fondos públicos para mantener una persecución política que no es compatible con las reglas de un Estado democrático y de derecho".

En ese sentido, Boye y Alay apuntan a que la intención del juez es burlar la aplicación de la ley de amnistía a los investigados porque, de lo contrario, "no habría incurrido en el artificioso proceso de gestación" de una nueva pieza separada.

El recurso de Alay -jefe de la oficina del expresident Puigdemont- también apunta a irregularidades en el análisis de su teléfono móvil, que según su abogado no fue llevado a cabo por la Guardia Civil sino por "terceros ajenos al procedimiento", entre los que se encuentra un periodista, un académico y un técnico informático.

"Ese contenido, una vez analizado por sujetos ajenos a la administración, habría sido devuelto" al juez que, a partir de ese material, habría empezado a construir su "delirante versión acusatoria", añade el escrito.

El recurso también denuncia la "animadversión" del juez hacia Gonzalo Boye "debido a su trabajo como abogado" de numerosos políticos independentistas y su "absoluta falta de respeto" a la profesión de letrado. EFE

rg/mg/oli