Vox pide al Supremo que consulte a la justicia europea y no amnistíe a la Mesa del 1-O

Barcelona, 28 jun (EFE).- Vox ha pedido al Tribunal Supremo que no amnistíe a los miembros independentistas de la Mesa del Parlament durante el 1-O, que fueron condenados por desobediencia, y que, en caso de dudas, eleve una cuestión prejudicial ante la justicia europea.

Así lo ha solicitado Vox al Supremo, que tenía pendiente resolver los recursos, entre otros de la Fiscalía, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que en 2023 condenó a 4 meses de inhabilitación y 1.200 euros de multa a los miembros de JxSí en la Mesa del Parlament que en 2017 presidía Carme Forcadell, por desobedecer al Constitucional en la tramitación de la leyes del 'procés'.

En un escrito al que ha tenido acceso EFE, Vox, que ejerció de acusación popular en el juicio, pide al Supremo que no aplique la amnistía a los cuatro condenados, los exdiputados de Junts pel Sí Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluis Guinó, al tiempo que advierte de que la ley del perdón es "abiertamente inconstitucional y contraria al derecho de la Unión Europea".

De forma subsidiaria, Vox insta al Supremo a que, si tiene dudas sobre si debe amnistiar o no el delito de desobediencia, plantee una cuestión prejudicial de carácter urgente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En concreto, Vox sostiene que esta cuestión prejudicial se tiene que elevar a la justicia europea al entender que la aplicación de la amnistía "colisiona" con el derecho de la Unión Europea y con la Constitución española, al vulnerar el principio de igualdad y la separación de poderes.

Según Vox, si se admitiese la constitucionalidad de la amnistía se dejaría "sin explicación por qué no pueden las Cámaras aprobar un indulto general y sí aprobar una ley de amnistía que, a la postre, no constituye sino un indulto general más extremo y de efectos más intensos".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó inicialmente, en octubre de 2020, a 20 meses de inhabilitación a los miembros de JxSí en la Mesa del Parlament en la etapa de Carme Forcadell por su "contumaz" desobediencia al Tribunal Constitucional para permitir la tramitación de las leyes del procés.

Sin embargo, en noviembre de 2022, el Supremo anuló esta condena y ordenó repetir el juicio -con un nuevo tribunal-, ante la falta de imparcialidad de dos de los magistrados que dictaron la sentencia inicial.

Tras la repetición del juicio, el TSJC rebajó en mayo de 2023 la condena a cuatro meses de inhabilitación y 1.200 euros de multa, también por desobediencia, al aplicarles la atenuante muy calificada de dilaciones indebidas, por los retrasos en el proceso.

La Fiscalía recurrió esta nueva condena, al considerar "grotesco" que la pena final "de un episodio que permitió como génesis y embrión la apertura de un proceso que puso en jaque la vigencia en Cataluña de la Constitución Española y la integridad territorial de España, propiciado a través de un alzamiento violento contra el orden constitucional", terminase con cuatro meses de inhabilitación y 1.200 euros de multa. EFE

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