Familiares de las víctimas del incendio de Murcia ratifican querella contra consistorio

Murcia, 26 jun (EFE).- Los familiares de dos de las víctimas mortales del incendio del 1 de octubre de 2023 en dos discotecas de Murcia han ratificado hoy su querella contra dos concejales y tres funcionarios del Ayuntamiento, cuya implicación en el siniestro aseguran que “se ve cada vez más clara” a medida que avanzan las diligencias ordenadas por la jueza.

La querella la presentaron el pasado 5 de marzo de manera conjunta Kely Gómez, hermana del fallecido Kevin Gómez, y Jairo Correa, padre de la fallecida Leidy Paola Correa, y denunciaban por posibles delitos de “prevaricación por omisión” al actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, y su predecesor, Andrés Guerrero, así como a tres funcionarios municipales que participaron en la gestión relacionada con las discotecas.

Según el abogado que representa a estos familiares, José Manuel Muñoz Ortín, “en la medida en que se han ido practicando diligencias” en la fase de instrucción del procedimiento, en el que actualmente están investigadas seis personas, ninguna relacionada con la administración municipal, “tenemos cada vez más clara la implicación de la corporación municipal”.

En su opinión, desde el ayuntamiento “no se actuó” correctamente en el control y vigilancia de las salas incendiadas, a las que se permitieron “irregularidades en materia de seguridad”, como la ausencia de salidas de emergencia operativas, ya que la sala Teatre, donde comenzó el incendio, estaba cerrada con candados, mientras que la Fonda Milagros, donde fallecieron las trece víctimas, las puertas de emergencia no daban a la calle, sino a la discoteca anexa, según ha recordado.

Para Muñoz Ortín, el Ayuntamiento “consintió” esas supuestas irregularidades y permitió que las discotecas siguieran funcionando.

Además, ha subrayado que la única licencia que tenían los negocios databa de 2008, cuando toda la nave que ocupaban las salas era un solo negocio, una configuración que cambió en 2013, por lo que desde ese año la licencia ya no era válida, una situación que, “normalmente” es sancionada con multas “considerables”, algo que no ocurrió en esta ocasión.

El abogado ha señalado además que hay una “omisión de documentos” municipales desde el año 2013 al 2017, periodo sobre el que el Ayuntamiento no ha aportado ninguna información con respecto a las salas.

La ratificación de la querella es un requisito legal una vez que la misma ha sido admitida a trámite, lo que ocurrió el pasado 4 de abril, cuando fue admitida por el juzgado de instrucción número 4, que decidió inhibirse de la investigación y trasladarla al juzgado número 3, el que instruye la causa abierta por homicidio imprudente en relación con el incendio.

En su admisión a trámite, el juez señalaba que los dos concejales y los tres funcionarios municipales contra los que se dirige la querella llevaron a cabo actuaciones que “pudieran revestir los caracteres delito / delito leve de prevaricación judicial por imprudencia” y consideraba procedente “incoar diligencias previas” para dirimir posibles responsabilidades.

Tras la ratificación de la querella hecha hoy, Muñoz Ortín ha explicado que es la titular del juzgado número 3 la que tendrá ahora que decidir si abre diligencias previas o si archiva la causa.

Esta magistrada ya rechazó en noviembre de 2023 la petición de estos mismos familiares de abrir una pieza separada para investigar las posibles responsabilidades del Ayuntamiento porque, en su opinión, la situación administrativa de las discotecas podría ser cuestionable en el ámbito del derecho contencioso-administrativo, pero no en el penal, y descartaba que hubiera “mínimas sospechas” sobre los presuntos delitos de los funcionarios y concejales.

El pasado 31 de mayo, familiares de otras dos de las personas fallecidas en el incendio presentaron otra querella para exigir que se investigue la posible responsabilidad civil del Ayuntamiento de Murcia por el incumplimiento de la orden de cese de actividad que se había dictado sobre la discoteca Teatre, y si hubo comunicaciones entre los responsables de esa sala y funcionarios municipales y jefes de servicio que permitieron mantenerla abierta a pesar de las numerosas irregularidades y fallos de seguridad detectados. EFE

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