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El nuevo magistrado del Tribunal Constitucional (TC), José María Macías, ha sido hasta ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y uno de los que se ha pronunciado públicamente en contra de la ley de amnistía desde antes de que se aprobara en el Congreso. Macías ha ejercido como vocal del órgano de gobierno de los jueces desde 2015, cuando fue elegido para sustituir a Mercé Pigem a propuesta del PP, y ha formado parte de la denominada ala conservadora del CGPJ. Se prevé que a su llegada al Constitucional se sume al sector conservador, hasta ahora integrado por cuatro magistrados, frente a los siete que conforman el bloque progresista. En su condición de vocal, Macías llegó a advertir en algunas entrevistas de la proposición de ley que presentó el PSOE en noviembre con la intención de perdonar una década del proceso independentista catalán. Según afirmó en La2 y Ràdio 4, el Estado de Derecho "se ha de considerar abolido" tras la aprobación de dicha ley de amnistía. Además, afeó que la finalidad de la norma fuese constituir un Gobierno con Pedro Sánchez como presidente y defendió que cualquier ley con esa justificación nunca sería constitucionalmente aceptable. "Mandar por mandar no es una justificación legítima", dijo. Ahora, ocupará la plaza del magistrado Alfredo Montoya, quien en julio de 2022 renunció a su cargo por motivos de salud. Desde entonces su asiento ha estado vacante y pendiente de renovación. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press sostienen que es posible que, ante sus declaraciones públicas, haya quienes presenten recusaciones y le pidan apartarse de las deliberaciones sobre los eventuales recursos que se presenten contra la ley de amnistía. Añaden, además, que también participó en el debate y votación en el seno del CGPJ del que salió el informe contrario a la proposición de ley. Otras fuentes, sin embargo, recuerdan que el propio Tribunal Constitucional ya ha rechazado apartar a magistrados que hubiesen informado en su condición de vocales de una proposición de ley. En abril de 2023, la corte desestimó la petición de recusación contra los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo, Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel en la deliberación del recurso contra la ley del aborto. Los recurrentes alegaban que el primero fue fiscal general cuando el Consejo Fiscal informó del proyecto de ley, el segundo fue secretario de Estado de Justicia en ese periodo y las dos últimas habían informado sobre la norma cuando fueron vocales. No obstante, Espejel optó por abstenerse del asunto. 34 AÑOS EN LA CARRERA JUDICIAL Es licenciado en Derecho con premio extraordinario por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1988. Ingresó en la carrera judicial dos años después. Desde entonces y hasta 2005 ejerció en varias jurisdicciones, principalmente en la contencioso-administrativa. Según consta en la página web del Poder Judicial, también desempeñó funciones gubernativas como miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña. Mientras permaneció en servicio activo, fue miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de la carrera judicial. A su vez, fue director general de Asuntos Contenciosos de la Generalidad de Cataluña en los años 2002 y 2003, durante el gobierno del expresidete Jordi Pujol. En 2005 solicitó la excedencia voluntaria para ejercer la abogacía y se incorporó como socio a 'Cuatrecasas, Gonçalves Pereira'. Además, ha sido docente desde 1991 como profesor asociado de Derecho Administrativo y de la Unión Europea de la Universidad Autónoma de Barcelona.