La Fiscalía se opone a que el Tribunal de Cuentas lleve la amnistía a la Justicia europea

Madrid, 25 jun (EFE).- La Fiscalía se ha opuesto a que el Tribunal de Cuentas plantee una cuestión prejudicial sobre la ley de amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el marco del procedimiento contable contra más de treinta ex altos cargos catalanes sobre el desvío de fondos públicos para el 'procés'.

El jefe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, ha dirigido un escrito al órgano contable en el que considera que "no concurren los presupuestos exigidos por la normativa aplicable y las recomendaciones del TJUE" para consultar la norma ante la Justicia europea.

Considera, por tanto, que "no resultaría procedente" que el tribunal plantease cuestiones al TJUE relativas a una serie de artículos de la ley que, según sugirió la consejera a cargo del procedimiento, "podrían oponerse a la interpretación" que viene realizando el TJUE del derecho comunitario.

El fiscal expone, sin embargo, que una cuestión prejudicial debe referirse "a la interpretación o validez del derecho de la Unión Europea y no a la interpretación de normas jurídicas nacionales" y, según el Tratado de la UE y otras normas que invoca, el TJUE solo puede pronunciarse sobre una decisión prejudicial cuando el derecho comunitario "sea aplicable al asunto controvertido en el litigio principal, circunstancia esta que no concurre en el presente caso".

Recuerda también que las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE "están dirigidas a los estados miembros únicamente cuando apliquen el derecho de la Unión", de modo que "no pueden fundar por si solas la competencia del TJUE para resolver una cuestión prejudicial".

El Tribunal de Cuentas fue el primer órgano que abrió la puerta a plantear, el mismo día en que entró en vigor la ley de amnistía, una cuestión prejudicial ante el TJUE sobre la norma, una herramienta que tienen en su mano todos los jueces que lleven causas del "procés" si dudan de la adecuación de la norma al derecho comunitario.

En este caso, el planteamiento de la cuestión se circunscribiría, de formularse, al procedimiento afecta a más de una treintena de ex altos cargos catalanes, incluidos los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, por su presunta responsabilidad contable en el desvío de fondos públicos para sufragar el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal, y la promoción exterior del "procés".

La Fiscalía no se pronuncia en su escrito sobre si los ex altos cargos implicados deben ser amnistiados en virtud de la norma, al responder únicamente a la cuestión que le reclamó la consejera: si debe plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE.

Respecto a esta petición también se pronunció hace unos días el expresidente catalán Carles Puigdemont, que se opuso igualmente al planteamiento de la cuestión prejudicial al considerar que el Tribunal de Cuentas no era competente para hacerlo, y solicitó la aplicación de la amnistía. También lo hicieron el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y dos exconsellers del Govern, de ERC.

En este procedimiento, la Fiscalía cuantificó ese supuesto desvío en casi 3,1 millones de euros, mientras que Sociedad Civil Catalana lo elevó a 5 millones. EFE

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