Madrid, 21 jun (EFE).- Mejorar el conocimiento y la gestión de los montes públicos, difundir sus valores, fomentar la cooperación entre los organismos que los administran y generar oportunidades de desarrollo para la bioeconomía forestal, afianzando además su capacidad de adaptación, son los objetivos de la nueva Red Estatal de Montes Públicos (REMP).
La entidad nace de "la necesidad de crear espacios de cooperación y compartir estrategias, buenas prácticas y casos de éxito" entre las Comunidades Autónomas que gestionan montes públicos, según un comunicado facilitado por el Centro de servicios de promoción forestal y su industria de Castilla y León (CESEFOR).
Se trata de un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y coordinado por CESEFOR con el apoyo del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA), que cuenta con un presupuesto de 1.134.110 euros para 2024 y 2025.
La REMP funcionará como una red de adhesión voluntaria sin personalidad jurídica, regida por unos estatutos y sustentada administrativa y técnicamente por CESEFOR.
El organismo está abierto a entidades autonómicas responsables de la gestión de los montes públicos así como a cabildos insulares, consejos insulares, diputaciones forales y ayuntamientos, con la idea de "poner en valor el patrimonio forestal público, promover la gestión forestal pública y los bienes y servicios derivados", todo ello "enmarcado en la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad".
Entre las acciones previstas, figura la creación del Observatorio de los Montes Públicos, el desarrollo de programas de formación dirigidos a gestores del sector, el fomento de la cooperación entre entidades de la REMP para compartir buenas prácticas y soluciones a problemas comunes, la provisión de herramientas de apoyo a las entidades locales y la mejora de los marcos legales y procedimentales.
El comunicado recuerda que la superficie forestal de España ocupa, según los datos más recientes de 2021, aproximadamente 28.391.780 hectáreas (el 56 % del territorio nacional), de las cuales 7.704.722 hectáreas (el 28 % del total) son de titularidad pública.
De esta última cifra, el 95,7 % están clasificadas como Montes de Utilidad Pública (MUP) y resultan "esenciales para la protección del medioambiente y la biodiversidad".
De hecho, desempeñan "un papel fundamental en la conservación de los ecosistemas y en la mitigación del cambio climático" ya que aproximadamente el 56% de la superficie de estos montes en la península y Baleares está integrada en la Red Natura 2000, mientras que en Canarias este porcentaje asciende al 99%, lo que subraya la importancia de los MUP en regiones particularmente sensibles.
La gestión de los montes públicos se distribuye actualmente entre varias entidades: el Estado gestiona 321.575 hectáreas; las CC.AA., 1.147.719 y las entidades locales, otras 6.222,667 hectáreas.
Esta distribución de la gestión "asegura una administración más cercana y eficiente de los recursos forestales, adaptada a las necesidades y características de cada región", concluye. EFE
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