PNV y PSE defiende una memoria que erradique los restos de aceptación social de la violencia y reconozca el daño causado

El acuerdo programático suscrito entre PNV y PSE-EE defiende una memoria "que reconozca sin ambages la injusticia del daño causado por toda forma de terrorismo o violencia" y que asuma la necesidad de "erradicar cualquier resto de aceptación social de la violencia como medio para resolver conflictos o imponer ideas". Además, asegura que "consolidar una convivencia plural, integradora y comprometida" requiere "construir una memoria crítica con el pasado". Estos compromisos se incluyen en el eje cuarto del texto acordado entre jeltzales y socialistas, en el que basarán el programa de Gobierno 2024-2028. Bajo el epígrafe Convivencia, Memoria y Derechos Humanos, el acuerdo parte de la idea de que la desaparición de ETA fue para la sociedad vasca "uno de los acontecimientos y logros más importantes de la década anterior". "Desde entonces, consolidar una convivencia plural, integradora y comprometida con los derechos humanos es una prioridad que requiere construir una memoria crítica con el pasado y solidaria con las víctimas", señala. Por ello, ambos partidos defienden "una memoria que reconozca sin ambages la injusticia del daño causado por toda forma de terrorismo o violencia" y que reafirma "las premisas compartidas en los acuerdos de 2016 y 2020", por los que formaron Gobierno en los dos ejecutivos anteriores, que vuelven a hacer suyas. Además, recuerdan que Euskadi cuenta con una Ley vasca de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo, otra Ley de víctimas de vulneraciones de derechos humanos de motivación política y la Ley de Memoria Historia y Democrática. En este sentido, anuncian que "sobre esta base normativa y con el objetivo de impulsar un modelo de convivencia sólido y justo", promoverán "un enfoque fundamentado en cuatro pilares esenciales que actúan como cimientos sobre los cuales se puede edificar una sociedad más justa, equitativa y pacífica". El primero de ellos, indican, es "la deslegitimación de la violencia", un principio que establece que "cualquier forma de violencia, ya sea física, emocional o estructural, que debe ser considerada como radicalmente injusta". "Necesitamos erradicar cualquier resto de aceptación social de la violencia como medio para resolver conflictos o imponer ideas", afirman. El segundo de los pilares "se centra en el reconocimiento integral de todas las víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos", que "abarca no solo el ámbito legal e institucional, sino también el social, moral y simbólico". "Todas las personas que han sufrido injusticias deben ser visibilizadas y recibir el apoyo y la solidaridad de la sociedad en su proceso de recuperación y reparación", demandan. Por otra parte, el acuerdo reivindica la construcción de una memoria "inclusiva, crítica y ética", que implica "la revisión y resignificación de la historia desde múltiples perspectivas, dando voz a aquellos grupos que históricamente han sido marginados o silenciados". En su opinión, la memoria colectiva debe ser "un espacio de reflexión y aprendizaje que contribuya a la reconciliación y a la prevención de futuros conflictos". El cuarto pilar se refiere a "los principios y valores éticos y democráticos" que actúan como "guía para las relaciones sociales y políticas, fomentando el respeto a la dignidad humana, la igualdad de derechos y oportunidades, la justicia, la solidaridad y la participación ciudadana en la toma de decisiones". Para PNV y PSE-EE, en conjunto, "estos cuatro pilares forman la base de un modelo de convivencia que busca promover la paz, la justicia y el bienestar para todas las personas". "Su implementación requiere el compromiso y colaboración de toda la sociedad, así como la construcción de políticas públicas y estructuras institucionales que reflejen y promuevan estos principios fundamentales", manifiestan. Respecto a la actuación en Justicia e Instituciones penitenciarias, los socios del futuro nuevo Gobierno destacan la Justicia "como un servicio público esencial", y se marcan como objetivo "promover y desarrollar los cambios estructurales" para garantizar "su accesibilidad, eficiencia y que contribuya al esfuerzo común de cohesión y sostenibilidad". En este sentido, apuestan por una Justicia que apoye especialmente a las personas más vulnerables, que tenga como eje central de acción a las personas, atendiendo las necesidades de la ciudadanía, que avance en sostenibilidad, digitalización, mejora de tiempos de respuesta, comprensibilidad y en la promoción de una justicia restaurativa "con medios adecuados a la solución de controversias y que trabaje por la innovación de forma colaborativa, garantizando la tutela judicial efectiva". "Un servicio enmarcado en una política integral de reparación del daño causado", puntualizan. Además, manifiestan que el sistema penitenciario "desempeña un papel crucial en la administración de justicia y en la gestión de la seguridad pública" y su función "no debe limitarse a castigar a los infractores", sino que "precisa contemplar también la rehabilitación y la reintegración social de las personas que han cometido delitos". "Una reintegración que beneficia tanto a las personas como a la sociedad en su conjunto", apunta. IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS LGTBIQ+ El documento, que dedica un capítulo a la igualdad de género y derechos LGTBIQ+, afirma que "la igualdad de mujeres y hombres en Euskadi se ha convertido en una cuestión fundamental tanto en la agenda institucional como en la social" y es "un objetivo de país prioritario e incuestionable" en la sociedad vasca. Por ello, defiende que "la defensa de la igualdad y de la diversidad LGTBIQ+" es un "pilar clave en la construcción de una sociedad justa", un proceso que "se debe llevar a cabo desde el diálogo y el acuerdo con los agentes sociales y los representantes políticos". Además, reivindica que "luchar en contra de la violencia machista es un deber compartido por toda la sociedad" y tiene que ser "abordada por todos los poderes públicos en Euskadi como una conculcación de los derechos humanos, un problema social y de salud pública de primer orden". También cree que se tiene que tratar "como una manifestación de las desiguales relaciones de poder y de la discriminación estructural contra las mujeres". COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO El texto marca unas pautas en cooperación al desarrollo porque "en un mundo cada vez más interconectado y enfrentado a retos globales sin precedentes" esta es "una pieza fundamental de aquellos gobiernos democráticos y comprometidos con la solidaridad internacional". "La concentración de la pobreza extrema en el continente africano, así como la desigual transición que están viviendo diferentes estados de Asia y América Latina representan nuevos desafíos, locales y globales", añade. Según el documento, Euskadi "debe fomentar alianzas y proyectos significativos, participando en iniciativas globales y proyectando el carácter solidario y cooperante de la sociedad vasca". Con ese objetivo, afirma que el Gobierno Vasco "aumentará la capacidad de generar alianzas, movilizar a los actores de la cooperación y promover la participación social", en base a sus capacidades económicas, sociales y técnicas". Además, defiende que, con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible como base, "resulta vital centrar lo esfuerzos en dar pasos decididos hacia la erradicación de la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia o proteger al planeta". En este aspecto, destaca potencialidad de que, mediante las políticas del Gobierno autonómico, los vascos puedan "comprometerse y actuar en apoyo a las personas atrapadas en conflictos bélicos en todo el mundo", como el de Ucrania o Palestina.