Magistrados contra la sentencia de los ERE: "debilita la persecución de la corrupción"

Madrid, 19 jun (EFE).- Cuatro de los once magistrados del Constitucional suscriben un voto particular contra la sentencia que ha anulado la condena por prevaricación a la exministra Magdalena Álvarez en el que advierten de que esa resolución "debilita la persecución eficaz de los delitos de corrupción institucionalizada".

El voto lo formula el magistrado César Tolosa y a él se adhieren Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, los cuatro integrantes del denominado bloque conservador y defensores de la tesis de que el recurso de amparo debió ser desestimado porque la condena de Magdalena Álvarez no vulneró su derecho a la legalidad penal.

A falta de que se dé a conocer el contenido íntegro de la sentencia y del voto, el Constitucional ha informado de las líneas principales de ambos escritos.

Los magistrados discrepantes critican que la mayoría haya decidido anular la condena a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación a Álvarez, también exconsejera de la Junta de Andalucía, y aseguran que la sentencia "ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional".

Lo hace -a su juicio- "al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley".

"Al anular las sentencias dictadas en el asunto de corrupción más importante de la historia reciente de España y rectificar por primera vez desde que el Tribunal Constitucional entró en funcionamiento al Tribunal Supremo en la interpretación de un elemento recogido en la descripción objetiva de la conducta delictiva, ocasiona un daño institucional difícilmente reparable", lamentan.

El voto particular de Tolosa refleja su desconcierto porque en los antecedentes "no se dedique una sola línea a recoger la impecable argumentación" desarrollada en la sentencia del Tribunal Supremo por la que a lo largo de noventa páginas considera que los hechos constituyen un delito continuado de prevaricación.

Y considera que la sentencia consagra "un inexistente principio de irresponsabilidad de los miembros del Gobierno, ajeno a la Constitución".

En su opinión, deja a los miembros del Gobierno "por encima de la ley y con ello derrumba los propios fundamentos del estado de derecho e incumple los compromisos internacionales adquiridos en la lucha contra la corrupción, así como las exigencias del art. 325 TJUE al generar un riesgo sistémico de impunidad".

Los magistrados ven "una argumentación ilógica y extravagante" confundir una consejera con el Gobierno, apelar a las funciones del Gobierno para exonerar de responsabilidad penal a sus miembros por los delitos cometidos y reconocer a los miembros de gobierno impunidad contra lo dispuesto en la Constitución.

Acusan a la mayoría de debilitar los fundamentos del Estado de Derecho al introducir causas de irresponsabilidad no previstas en la ley y denuncian que el exceso de jurisdicción del TC "socava la posición institucional" del Supremo.

También "debilita la persecución eficaz de los delitos de corrupción institucionalizada cometidos por el Gobierno o sus miembros y, finalmente, supone un incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España frente a la corrupción", advierten. EFE

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