El expresidente de Autoridad Portuaria de Baleares será juzgdo por el caso Puertos

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha dictado un auto por el que abre la puerta a juzgar al expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Joan Gual de Torrella, y el exalcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, junto a otras 14 personas, por el presunto amaño de dos adjudicaciones públicas. El auto implica en la práctica cerrar la instrucción del conocido como caso Puertos, tras cuatro años de investigaciones. La instructora da a la Fiscalía y a las acusaciones particulares personadas el plazo de un mes para solicitar la apertura de juicio oral, formulando sus escritos de acusación. El Juzgado plantea continuar las diligencias por los trámites de procedimiento abreviado para el expresidente de la APB por presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude a la dministración, tráfico de influencias y cohecho. El auto también incluye al exalcalde de Ibiza, Rafa Ruiz (PSIB), como vocal del Consejo de Administración, por posible prevaricación y fraude a la administración. Igualmente, la juez también estima posible responsabilidad penal del vicepresidente, Miguel Puigserver, a quien sitúa como "amigo de confianza" de Gual; el director, Juan Carlos Plaza; y la abogada del Estado Dolores Ripoll, como asesora de la APB. El resto de imputados son el presidente de la Asociación Menorquina de Empresas Náuticas (Asmen), Justo Saura; cuatro técnicos de la APB; el presidente del Club Deportivo Básico 12 Millas en la fecha de los hechos; así como cuatro personas vinculadas a Marina Asmen SL y otras dos al Club Náutico de Ibiza. SUPUESTO AMAÑO DE CONTRATOS PÚBLICOS La instructora entiende que de las investigaciones realizadas se desprenden "indicios sólidos suficientes" para entender que los investigados se concertaron para beneficiar arbitrariamente al Club Náutico de Ibiza y a Marina Asmen SL en la explotación del dominio público portuario. En lo relativo al Club Náutico de Ibiza, la instructora señala a Gual de Torrella y Ruiz por maniobrar para "adjudicar como fuera al Club Náutico de Ibiza" mediante un "concurso a medida". Entiende que su participación, al igual que la de Ripoll y Plaza, fue "decisiva" para lograr que estas resoluciones se aprobaran, y a ello suma una comisión técnica "creada 'ad hoc' para 'vestir' la decisión ya tomada". Varias de las resoluciones que aprobaron fueron anuladas posteriormente por el Tribunal Superior (TSJIB). Entre otros detalles, el auto destaca que la elaboración de unos criterios que suponían un "traje a medida" al incluir el arraigo en la valoración, lo que dejaba en notable desventaja a los otros concurrentes que eran de reciente creación. Además, esos criterios se elaboraron con posterioridad a la presentación de ofertas. Otros indicios que reseña el auto son el hecho de que durante años el Club encadenara autorizaciones temporales cuadruplicando el plazo máximo que prevé la ley; las instrucciones de Gual de Torrella al presidente de la entidad, que en retorno le habría apoyado en el conflicto con el presidente del Club del Molinar; o que uno de los investigados supervisara personalmente el proyecto del Club de IBiza. Uno de los competidores rivales que impugnó las resoluciones fue el Club 12 Millas. El auto incluye como investigado a uno de sus responsables por supuestamente haber negociado con el vicepresidente de la APB la retirada de los recursos a cambio de una contraprestación económica. Este acuerdo se habría visto frustrado por la operación de la Guardia Civil en julio de 2020. MENSAJES A ARMENGOL El auto razona que existía "un patente interés político compartido por los dos principales partidos" para la continuidad del Club Náutico. Sugiere que el elevado número de socios locales del Club "puede ser muy representativo" en términos electorales dentro de la circunscripción de la ciudad y la isla. En las últimas elecciones municipales, argumenta, fueron necesarios menos de 1.000 votos para obtener un concejal. En esta línea, la magistrada destaca las palabras de la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol, mostrando su compromiso con la continuidad del Club en el acto de su 90º aniversario. También se halló un correo electrónico en el que el anterior presidente de la APB, Albert Pons, encargaba en 2014 a la abogada del Estado estudiar "con urgencia" la "mejor solución" para "asegurar la permanencia" del Club, y le recordaba que éste "tiene el apoyo de todas las instituciones". El auto recoge comunicaciones intervenidas en las que Gual de Torrella informaba expresamente a Armengol --quien le había nombrado en 2015-- y a Ruiz de las cuestiones más importantes que afectaran a la entidad. Tras una sentencia desfavorable en 2018, el expresidente de la APB les aclaraba que la resolución no alteraraba al resultado y decía a Armengol: "Lo arreglamos en el próximo Consejo de Administración". En este sentido, la magistrada entiende que el interés de Gual de Torrella era el de mantenerse en el cargo, puesto que tenía asignado un salario bruto anual de aproximadamente 100.000 euros más dietas. MENORCA En cuanto a la pieza de Menorca, la juez concluye que se adjudicó de forma injusta a Marina Asmen SL la gestión de puestos de amarre y taller en el muelle de Poniente de Mahón en 2018. En este caso, entiende que confeccionaron unos "pliegos genéricos con criterios poco definidos que no permitían a los licitadores conocer cómo se iban a valorar las ofertas", y dieron información privilegiada a las adjudicatarias sobre los aspectos que omitían los pliegos. Además, el auto considera que se manipularon las valoraciones para que fueran favorables a Marina Asmen y que se coaccionó a dos de los consejeros que iban a votar en contra. La instructora incluye al presidente de la patronal náutica de Menorca por presuntamente haber negociado las condiciones del concurso para que se adjudicara a empresas de la isla. En cuanto a la abogada del Estado, resalta que su pareja trabajó para una de las empresas que forman Marina Asmen.