Suiza no ve terrorismo en Tsunami porque tuvo "un carácter político preponderante"

Madrid, 18 jun (EFE).- Las autoridades suizas han rechazado la comisión rogatoria del juez del caso Tsunami Manuel García Castellón porque, "según la concepción suiza", las manifestaciones de protesta por la sentencia del 'procés' en 2019 no pueden calificarse de un delito de terrorismo porque "tuvieron un carácter político preponderante".

El pasado 14 de junio se conocía la negativa que por tercera vez daban las autoridades helvéticas a la petición de auxilio judicial del juez de la Audiencia Nacional para poder interrogar a una de las investigadas en el caso Tsunami, la líder de ERC Marta Rovira.

En esa respuesta, a la que ahora ha tenido acceso EFE ya traducida, la vicedirectora de la Oficina Federal de Justicia (OFJ), Laurence Fontana, aclara además, para "disipar algunos malentendidos", el funcionamiento de este organismo y el motivo por el que se ha pedido información sobre la ley de amnistía.

"Es normal que nos hayamos informado previamente sobre el proceso de amnistía en España, como lo habríamos hecho en circunstancias similares con otros Estados extranjeros. Este elemento legislativo no debe omitirse, ya que puede impactar el procedimiento penal español que subyace a la comisión rogatoria", defiende Fontana.

Ante esta tercera negativa a García Castellón, la Oficina Federal comunica también que deja en manos de "la autoridad requirente decidir si tiene la intención de mantener en estas condiciones" la comisión rogatoria cursada el pasado 7 de enero también por terrorismo y en relación con Tsunami para la localización del diputado de ERC Rubén Wagensberg, investigado en el Supremo junto al expresidente catalán Carles Puigdemont por su condición de aforados.

Respecto al fondo de la solicitud, Fontana sostiene que los actos "descritos detalladamente en las comisiones rogatorias españolas no están comprendidos en el derecho suizo (...) aun cuando el uso de un cierto grado de violencia sea indudablemente moralmente reprobable".

"La jurisprudencia de los tribunales suizos -explica- ha considerado en el pasado que las Brigadas Rojas italianas, la ETA vasca y la red Al-Qaeda son, por ejemplo, organizaciones criminales/terroristas, pero que las organizaciones que, entre otras, no utilizan medios carentes de actos de violencia criminal en el sentido desarrollado anteriormente, luchan en su país por el poder político".

Esto significa, apunta la Oficina Federal, que las "resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo español, sobre las que no nos corresponde por supuesto emitir ningún juicio de valor, no modifican la calificación que el derecho suizo da a los actos descritos en las comisiones rogatorias" .

"En conclusión, la falta de calificación de terrorismo en el sentido del derecho suizo no nos permite oponernos inicialmente a que se tenga en cuenta la causa de inadmisibilidad de la asistencia mutua constituida por un posible carácter político preponderante, a los ojos del derecho suizo, de acciones bajo investigación española", destaca.

Al inicio de su respuesta, Fontana incide en que los escritos españoles "han sido examinados por los juristas de nuestra Oficina con extrema atención, especialmente porque somos conscientes de que este asunto es de gran importancia en España".

También considera "coherente con un cierto paralelismo de formas que la autoridad central suiza en materia de asistencia judicial mutua penal, es decir, la Oficina Federal de Justicia, se comunique con sus homólogos en el extranjero, mientras que las autoridades encargadas del procedimiento penal (fiscales y jueces de instrucción) hagan lo mismo cuando existe un contacto directo por convenios internacionales, como es el caso entre las autoridades españolas y suizas".

"Sin embargo, cuando nuestra Oficina realiza aclaraciones previas tras la recepción de una comisión rogatoria internacional extranjera (..) nos encontramos en una fase en la que los fiscales suizos aún no se han encargado de la ejecución de esta comisión rogatoria de forma que los contactos directos entre las autoridades penales extranjeras requirentes y las autoridades penales suizas aún no son efectivos".

Es en ese caso en el que la Oficina Federal, "como autoridad central suiza en materia de asistencia judicial penal mutua, se dirige en principio a la autoridad central extranjera, en este caso el Ministerio de Justicia español, para pedirle que transmita las hipotéticas solicitudes de información adicional a la autoridad requirente que constituye la base de partida de la solicitud de asistencia judicial mutua y, por lo tanto, no se dirige directamente a dicha autoridad requirente".

"De ninguna manera es nuestra práctica reunirnos con los representantes del Estado extranjero requirente, ni con la autoridad central extranjera como regla general, y menos aún con el magistrado extranjero requirente, después de la recepción de una comisión rogatoria", sostiene.EFE

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