La nueva oficina de derechos de autor sigue adelante tras el rechazo a la enmienda de Vox

Madrid, 13 jun (EFE).- La futura ley de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos ha superado este jueves el debate de totalidad en el Congreso tras retirar Junts su enmienda y quedarse solo Vox en la votación de la suya, por lo que el proyecto pasa ahora a la fase de modificaciones al articulado.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido en el pleno de la Cámara Baja que se debe elevar a organismo autónomo la actual subdirección que se ocupa de velar por el respeto a los derechos de los autores en España. Esto va a suponer un "refuerzo económico y administrativo de primer orden" que va a permitir ponerse a la altura de países del entorno como Portugal, Francia, EEUU o Canadá ante retos como el de la Inteligencia Artificial.

Así, Urtasun ha abogado por no quedar atrás en la conversación digital y crear estructuras capaces de proteger y hacer los derechos de los autores frente a prácticas fraudulentas en un sector, el de los derechos de autor y la propiedad intelectual, son el principal activo del mundo cultural en España, y representan el 3,2 % del PIB.

Este proyecto, que ya inició su trámite en la pasada legislatura cuando ocupaba la cartera Miquel Iceta, pero decayó por la convocatoria anticipada de elecciones generales, se ha enfrentado este jueves al rechazo de Vox, y lo iba a hacer al de Junts, aunque un pacto de última hora ha hecho cambiar de idea a los catalanes.

Según han explicado una hora antes del debate, "la propuesta inicial representaba una regresión competencial", pero en el marco de la negociación se ha introducido el mecanismo de la llamada 'enmienda Cataluña', "para modificar el articulado de la ley y blindarla competencialmente", han asegurado.

Como era previsible, no ha sido el caso de Vox, cuyo diputado José Ramírez del Río ha pedido la devolución del texto debido a los "errores del proyecto", que ha calificado como "otra cáscara vacía que consume los recursos de los españoles sin darles a cambio la más mínima utilidad".

"Entiendo que la intención es buena, pero el proyecto está muy mal", ha asegurado, poniendo como ejemplo que las administraciones públicas no vayan a estar obligadas a cumplir la ley de propiedad intelectual, como sí lo están empresas y particulares.

Argumentos que no han sido suficientes para el PP, que por boca de su diputado Eduardo Carazo ha advertido al grupo que se sitúa más a su derecha de que "no todos los organismos autónomos son chiringuitos" y bien gestionados "pueden ser útiles", ya que permiten ventajas como gestionar los ingresos por su actividad, reduciendo el gasto que suponen para la administración.

Y aunque ha reconocido que les genera "recelo" cómo se va a gestionar la oficina, ha recordado que se trata de una figura que ya existe en países del entorno y además es un compromiso adquirido en el Plan de Recuperación de la Unión Europea, que ellos no quieren contribuir a incumplir, ha recalcado.

El portavoz del PSOE, Marc Lamuá, ha hecho hincapié por su parte en el ejemplo francés, donde el organismo de la propiedad literaria y artística está pendiente de asegurar los usos éticos y adecuados de la Inteligencia Artificial. "Lo que queremos es estar en espacios homologables en Europa", ha asegurado.

En esta línea, el diputado de Sumar Jorge Pueyo ha remarcado que se podría dotar de más recursos a la actual subdirección para "acabar con el cuello de botella que se hace a veces", pero si no se da el paso de crear un organismo autónomo y flexible no se pueden "abordar retos y novedades tecnológicas que nos superan", ha subrayado.

Como ejemplo, ha recordado que la Inteligencia Artificial generativa recopila y utiliza sin ningún tipo de permiso o licencia obras literarias, musicales o pictóricas, lo que "está hundiendo al sector cultural", un escenario que en diez años "será peor", ha remarcado. EFE

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