![infobae](https://www.infobae.com/new-resizer/APLbyD29vUmR0xUkBhBgIO1siNg=/420x280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/2HRA3WAEBZBZPGGLVHDXMKCN4Q.jpg 420w)
JUCIL, una de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, ha reaccionado a la aprobación este jueves de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados avisando de que la "eliminación gratuita de penas a delincuentes" resulta "muy lesivo y mortal para una sociedad pacífica". En un comunicado remitido a Europa Press, JUCIL ha criticado a los que "alientan con saña y con la máxima crueldad la desigualdad, el odio, el racismo y la violencia contra cualquiera que piense diferente. "Resulta muy lesivo y mortal para una sociedad pacífica la eliminación gratuita de penas, presentes o futuras, de aquellos delincuentes que imponen sus ideales en contra de los valores democráticos y que alientan con saña y con la máxima crueldad la desigualdad, el odio, el racismo y la violencia contra cualquiera que piense diferente", ha defendido. JUCIL ha recordado que es una asociación profesional de guardias civiles que tiene en sus estatutos "como máxima la defensa de la Constitución y de la Democracia". "La Constitución es la norma que da sentido a España como Estado democrático", ha apuntado en una valoración después de que el Congreso haya aprobado la Ley de Amnistía. El pasado mes de noviembre, la Dirección General de la Guardia Civil abrió expediente contra el portavoz de JUCIL debido a los comentarios en redes sociales en los que se calificaba de "felonía" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hubiera defendido la Ley de Amnistía ante el Comité Federal del PSOE. En marzo se le abrió un segundo expediente, en este caso por su discurso en una manifestación convocada en la Plaza de Cibeles de Madrid contra la Ley de Amnistía y para exigir la dimisión de Sánchez. La Dirección General de la Guardia Civil abrió expediente, además, a dos integrantes de otra asociación, APROGC, aunque la archivó en abril porque el comunicado en el que mostraban su confianza en la judicatura para hacer frente a la Ley de Amnistía y mencionaban su juramento para "derramar sangre" en defensa de España lo había elaborado un despacho de abogados.