Ruth del Moral
Madrid, 26 may (EFE).- La ley de amnistía será aprobada definitivamente este jueves tras seis meses de tramitación en las Cortes y tras duros debates parlamentarios; con variados informes jurídicos de por medio y hasta con un conflicto de atribuciones entre el Congreso y el Senado planteado por el PP y que finalmente fue retirado.
La mayoría del PSOE, con el apoyo de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, BNG y con el voto de José Luis Ábalos en el grupo mixto, levantará el veto que el PP impuso a la ley de amnistía en el Senado, donde la norma ha sido debatida en los dos últimos meses.
Una votación que dará luz verde a esta ley, que pedía ser tramitada por la vía de urgencia, y que en el momento en el que entre en vigor, los jueces y tribunales tendrán dos meses para aplicarla.
Puigdemont, líder de Junts y fugado de España desde 2017, será uno de los principales beneficiados de la ley de amnistía junto con más de 370 encausados por el "procés". La ley borra los delitos cometidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.
La negociación de la amnistía, pactada con los independentistas de Junts y ERC a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, ha pasado por muchas dificultades, sobre todo por acotar los delitos de terrorismo.
Finalmente la norma acota los delitos que no quedarán cubiertos por la medida de gracia en base a la legislación europea e internacional, dejando fuera las conductas más graves de terrorismo o traición y los delitos de corrupción si hay enriquecimiento personal.
Este es uno de los puntos decisivos de la ley, que han intentando obstaculizar el PP y Vox durante todo su procedimiento en las Cortes.
Primero con dos enmiendas a la totalidad del PP y Vox, aunque los populares la retiraron en el último momento con el fin de que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, cerrara el debate en el pleno. Posteriormente el PP se apoyó en varios informes de los letrados que no avalaban la norma.
Vox presionó para que la ley no fuera admitida a trámite en el Senado pero finalmente el PP siguió el procedimiento marcado y alargó su trámite dos meses en la Cámara Alta.
Incluso plantearon un conflicto de atribuciones entre las dos Cámaras al considerar que el Congreso tendría que haber tramitado la ley como una reforma constitucional y no como una ley orgánica. Hace escasas semanas este requerimiento fue retirado.
Después de arduos debates en las dos Cámaras, el Gobierno sacará adelante esta iniciativa en plena campaña para las elecciones europeas del 9 de junio.
Se trata de la segunda ley que aprueba el Ejecutivo de coalición en esta legislatura tras la de Enseñanzas Artísticas Superiores y después del varapalo que recibió la semana pasada por parte de sus socios de Gobierno, que le impidieron tramitar la ley contra el proxenestismo y la ley del suelo.
En esta ocasión el Congreso plasmará la unidad de socios y aliados para sumar previsiblemente 178 apoyos frente a los 172 noes de PP, Vox, UPN y CC; aunque también se prevén avisos de los independentistas.
ERC y Junts han advertido de que la amnistía no es el punto final, sino el punto de partida para sus reivindicaciones.
El veto a la proposición de ley orgánica de "amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña" admitida a trámite en el Congreso el 21 de noviembre de 2023 podría volver a ser votado por llamamiento, como así ha ocurrido en todos sus debates en el pleno.
Y tras su publicación en el BOE su próximo paso podría ser ante el Tribunal Constitucional, como ya ha anunciado el PP.EFE
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