Los fiscales progresistas creen que García Ortiz podría ser una víctima de 'lawfare'

Rafael Martínez

Madrid, 19 may (EFE.- El presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Jesús Arteaga, ha advertido de que "probablemente" el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, podría estar siendo víctima de 'lawfare', así como los fiscales de Madrid involucrados en la querella de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Diaz Ayuso.

En una entrevista con EFE, Arteaga considera que en esa causa "se está convirtiendo al perseguidor en perseguido" hasta el punto de que "probablemente el 'lawfare' esté afectando al mismo fiscal general".

"Sí, podría ser un caso de 'lawfare'", señala Arteaga, que precisa que aunque "es arriesgado y muy difícil decir que hay una persecución judicial contra alguien", sí "ha habido casos de 'lawfare' en España", como el del exjuez Salvador Alba, condenado a seis años de prisión por conspirar contra su compañera, la jueza Victoria Rosell.

Ademas del posible 'lawfare' contra el fiscal general, cree que "puede estar habiendo ahora una situación equiparable respecto a nuestros compañeros de Madrid", en alusión a los fiscales implicados en la querella que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por revelación de secretos.

Al respecto, considera este caso "bastante peculiar" y dice que le recuerda a "cuando los fiscales y los jueces, especialmente los de Marbella y en general los de Anticorrupción, perseguían a Jesús Gil y a toda la trama", a quienes define como personas con "un carácter bastante cercano al estilo mafioso en el que la especialidad era precisamente esa", esto es, "atacar a los jueces y a los fiscales para intentar perturbarles, apartarles e incomodarles".

"No sé si en el caso de Madrid es ese el objetivo o no, pero lo que está claro es que es muy raro que se esté atacando precisamente a fiscales", advierte Arteaga, a quien le pareció "acertado que la Fiscalía hiciera esa nota aclaratoria, puesto que no se puede tener a la opinión pública mal informada", una actuación de la cual, recuerda, la cúpula fiscal no vio delito.

Esta semana el instructor del TSJM ha pedido identificar "al máximo responsable" de la Fiscalía que "dio el visto bueno a difundir" datos secretos sobre la pareja de Ayuso, un asunto del que García Ortiz asumió públicamente su "responsabilidad última" de la nota de prensa que dio origen a la querella, si bien no teme "en absoluto" que el fiscal general vaya a ser investigado por ello.

En paralelo al caso de la pareja de Ayuso, el fiscal general tiene otro frente abierto en el Supremo, donde ha recusado a cuatro magistrados que tienen que resolver un recurso contra su nombramiento, jueces que han tumbado dos de sus nombramientos que afectan a la ex fiscal general Dolores Delgado.

Aquí, Arteaga quita hierro y niega que García Ortiz esté en guerra abierta con el alto tribunal, ya que "tiene derecho a utilizar los medios de la ley que considere que debe utilizar" para defenderse.

No aventura qué puede ocurrir al respecto, pero aquí sí que cita que "es verdad, por ejemplo, que se puede decir 'lawfare' al hecho de que el PP se querellara contra él y haya sido inadmitido por el Tribunal Supremo" porque "era evidente que no procedía".

Y es que Arteaga lamenta que actualmente exista una "excesiva fijación hacia el fiscal general" que define, sin mencionar a nadie, como "una actuación política unidireccional", que al final deja "una imagen muy deteriorada" de la institución, ya que "no sale del foco mediático" y eso "preocupa, como le ocurre al mismo fiscal general".

"Porque no podemos negar que la política se ha metido en la Fiscalía General, pero no por la vía de Álvaro García Ortiz, sino por quienes están criticándole en exceso", pues "nos parece una forma de hacer tierra quemada que no va a ser nada positivo para la carrera".

Con todo y pese a las polémicas que rodean a su figura, no cree que esté en la cuerda floja. ya que "el ruido que se está haciendo es artificial y buscado con otros intereses".

Por eso es tajante cuando se le pregunta por una dimisión o cese, como ha reclamado al Gobierno el Senado, con mayoría del PP. "No, por supuesto que no", dice, dejando claro que habría que preguntar a la Cámara Alta en qué se basa para ello, porque las causas de cese están tasadas y "no parece que hayan aducido ninguna de ellas".

El Senado, por cierto, ha vetado esta semana la ley de amnistía que volverá ahora al Congreso sin que la Fiscalía haya informado de ella como le reclamó la Cámara Alta, una petición que García Ortiz no atendió al argumentar que no tenía competencias.

Más allá de la lucha interna en el Consejo Fiscal sobre si hay que debatir o fijar una posición sobre la norma, Arteaga subraya que cuando se recurra la amnistía, será la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional la que informará conforme a la ley. EFE

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