La sanidad privada reprocha a Mónica García su "irreal" idea sobre el sistema de salud

Madrid, 13 may (EFE).- La Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe) ha reprochado este lunes a la ministra de Sanidad, Mónica García, que vuelva a "criminalizar" al sector y ha avisado de que el "irreal" proyecto de ley con el que quiere blindar la sanidad pública acarreará un gasto anual de 2.746 millones y más listas de espera.

A Aspe le preocupan además las expresiones "altisonantes e innecesarias" pronunciadas por Mónica García al haber anunciado el inicio del trámite del anteproyecto de ley de Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) esta mañana, cuando ha afirmado que esta normativa "pondrá freno a las comisiones", los "lucros indecentes" y los "beneficios obscenos" de las empresas.

Declaraciones que para el presidente de Aspe, Carlos Rus, "contribuyen a criminalizar la actividad legítima" del sector, según ha explicado en una nota de prensa.

El anteproyecto que ha salido hoy a consulta pública contempla limitar y facilitar a las comunidades la reversión de la gestión privada de los servicios sanitarios públicos y mejorar los procedimientos de transparencia y auditoría.

"La eliminación de conciertos llevará de forma predecible e irresponsable a una situación de agravamientos de salud en cientos de miles de usuarios, al incrementar previsiblemente las listas de espera, ya en cifras muy elevadas", ha avisado Aspe, que advierte del riesgo de "un fallo sistémico" de la sanidad pública.

Acabar con los concursos supondría a la sanidad pública un gasto de 2.746 millones de euros anuales "según los estudios", teniendo en cuenta que esta fórmula de colaboración público-privada supone como mínimo un ahorro del 25 % para las arcas públicas.

"Este proyecto de ley pasa por alto casi 40 años de colaboración eficiente bajo la tutela de la Ley General de Sanidad de 1986", que contempla y regula las fórmulas colaborativas para desahogar listas de espera, campañas de atención médica puntual, el sistema de mutualidades de funcionarios y las concesiones administrativas para la gestión de determinados complejos sanitarios.

La futura ley limita también a las comunidades su capacidad de gestión, lo que "podría dar lugar a un conflicto competencial" que podría alcanzar el Tribunal Constitucional, además de que elimina lo que supone "un gran alivio en momentos de demanda puntual de algunas intervenciones quirúrgicas", más aún en un contexto de listas de espera en máximos.

Mientras, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad constituida por las principales empresas sanitarias y asociaciones privadas de España, ha apoyado la creación o renovación de un marco de relación consensuado entre el sector privado y el sector público que permita colaborar "en condiciones de seguridad y transparencia" para todas las partes, y de "calidad y seguridad para los pacientes".

Pero ha criticado que limitar la colaboración público-privada en Sanidad "por cuestiones ideológicas" solo generaría un aumento de los problemas sanitarios para los pacientes.

Según el "Observatorio de la sanidad privada 2024", el 40 % de los recursos sanitarios en España son privados y colaboran asiduamente con el SNS; de todos los hospitales privados, "solo un testimonial 5 %" corresponde a benéficos, por lo que "la limitación de este tipo de acuerdos con ánimo de lucro solo se traduciría en problemas para la accesibilidad, el acceso y la atención".

Finalmente, para Idis "lo más importante y urgente es la introducción de prácticas de gestión de los recursos de la administración pública que permitan incrementar la productividad y la eficiencia para cumplir con los objetivos de la salud española". EFE

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