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La entidad CIM Burkina solicita, al igual que la Fiscalía, tres años de cárcel para el excomisario de la Policía Nacional y que fuera jefe de la Comisaría Centro de València, Ricardo Ferris, quien, en un acto organizado por Vox en octubre de 2022 en el Ateneo Mercantil, aseguró, entre otras expresiones, que "todos los delincuentes son inmigrantes al menos en España y eso es un problema que tenemos que abordar necesariamente". Así consta en la calificación de esta entidad, que ejerce la acusación particular en el procedimiento representada por el abogado Juan Molpeceres, y en la que además reclama una multa de 7.800 euros e inhabilitación para la profesión u oficio educativo en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por tiempo de seis años. Para CIM Burkina, los hechos cometidos por Ferris revisten los caracteres y elementos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los Derechos Fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Entre otras frases, el excomisario aseguró que "todos los fenómenos delincuenciales están protagonizados, prácticamente en su totalidad por extranjeros" o "absolutamente todas las violaciones que se están cometiendo en España están siendo cometidas por gente que viene de fuera y eso lo digo y afirmo porque es así", según consta en el escrito de acusación presentado al Juzgado de Instrucción número 12 de València. Según consta en la calificación, la 'Mesa de Seguridad Ciudadana' en la que participó Ferris estaba siendo grabada, fue posteriormente difundida por distintos medios y él conocía este extremo. El excomisario lanzó un discurso en el que se atribuía al colectivo migrante "la práctica totalidad de la comisión de delitos en España y en Valencia en particular", con mensajes "encaminados a alentar a la ciudadanía a la violencia y a propagar el rechazo, desprecio, la hostilidad y la animadversión hacia el colectivo migrante". Además, subraya que introdujo en el discurso "datos falsos para generar esa alarma" pese a que, por su profesión y cargo, "debía de conocer su inveracidad". En varios momentos de la conferencia, el denunciado asoció al migrante con delincuencia, con frases del tipo: "Hace 5 años que estoy en Comisaría Centro, no se dejen engañar por la indumentaria, soy un policía de calle... Ya hace casi 5 años que no trabajamos con delincuentes nacionales... Cuando hago un detenido español, siempre hago la misma broma: este en vez de al juzgado lo vamos a pasar al centro de especies reservadas de El Saler porque es que ya no existen...". Otras de sus frases fueron: "Absolutamente todas las violaciones que se están cometiendo en España están siendo cometidas por gente que viene de fuera y eso y eso lo digo y lo afirmo porque es así. Y la violencia de género que ahora está tan de moda, exactamente igual..." o "todos los que vienen en patera son ex presidiarios". En esta línea, recalca que el excomisario debía conocer la falsedad de los datos porque, según la información suministrada por el TSJCV, el número de infracciones penales cometidas en la Comunitat Valenciana durante el año 2022 por personas de nacionalidad española fue de 38.872 y los cometidos por personas de otras nacionalidades fueron de 19.766. Respecto a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, constan 86 cometidos por nacionales y 40 por personas extranjeras. Según señala la acusación, la repercusión a sus declaraciones --que recalca que no eran un hecho aislado-- "obtuvo una amplia respuesta" tanto en las redes como en el llamamiento a una movilización que pretendía realizarse el 27 de octubre de 2022 y que fue denegada por la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana. "ESTIGMATIZA" En esta línea, sostiene que esas afirmaciones, "hechas en todo momento en la condición de policía/Comisario Jefe que ostentaba", se hicieron "a sabiendas de que asociar delincuencia con inmigración no solo difama a las personas migrantes y de procedencia extranjera sino que las estigmatiza, criminaliza y deshumaniza, contribuyendo al fomento y difusión de estereotipos y prejuicios hacia este colectivo, con evidente peligro de rechazo y hostilidad hacia ellas". La Dirección General de la Policía Nacional acordó días después de la jornada relevar al inspector jefe a propuesta de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, según informó en ese momento el Ministerio.