Defensa cifra en 18.323 millones euros la factura pendiente de los once contratos de armamento en vigor

El Gobierno cifra en 18.323 millones de euros la factura pendiente de pago de los once contratos de armamentos que aún están en vigor, algunos de ellos firmados hace una década, un dinero que no forma parte de los 1.130 millones de euros de la última compra de material militar aprobada por el Consejo de Ministros en abril, que ya generó una fractura en el seno del Ejecutivo por críticas de Sumar. En concreto, España mantiene once contratos de adquisición de armamento, materiales o recursos estratégicos con empresas como Santa Bárbara, Navantia o Airbus, por un importe global de 22.230 millones, de los que ya se han abonado 3.906 millones. En una respuesta parlamentaria a los diputados del PP Agustín Conde y Carlos Rojas, recogida por Europa Press, el Gobierno detalla el desglose del objeto, importe, procedimiento de adjudicación, empresa adjudicataria, el calendario de entrega, el de pagos y el hito de cada pago e importe. NAVANTIA Y SANTA BARBARA, PRINCIPALES EMPRESAS El listado comienza con un contrato suscrito con GDELS-Santa Bárbara Sistemas mediante el procedimiento de adjudicación incluido en la Ley 24/11, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad para adquirir vehículos de combate de Infantería y Caballería (VC1/C) Pizarro y vehículos de combate de Zapadores (VCZAP) Castor, sin especificar el número, por valor de 833.279.894,48 euros. Matiza que los vehículos se entregarán hasta 2024, mientras que se estarán pagando hasta 2028. Hasta 2023, se han realizado pagos por un total de 667.822.147 euros. También está en vigor un contrato con el consorcio español TESS Defense --integrado por Indra, Santa Bárbara Sistemas, Escribano y Sapa Placencia-- para la compra de vehículos de Apoyo a Cadenas (VAC), de los que tampoco precisa la cifra, suscrito en virtud de la misma ley por un valor de 1.970.000.000 euros. Se entregarán hasta 2024 para las actividades de ingeniería y se pagarán hasta 2035. Hasta 2023, se han realizado pagos por un total de 30 millones de euros para las actividades de ingeniería. Continúa con el contrato suscrito con TESS Defense para la adquisición de varios vehículos de combate sobre ruedas VCR 8x8, sin determinar, adjudicado mediante la misma ley y por un importe de 2.520.635.890 euros. Se entregarán paulatinamente hasta 2027 y el calendario de pagos convenido estipula que se abonarán hasta 2030. Según el Gobierno, hasta 2023 se han realizado pagos por un total de 168.246.631 euros. SUBMARINOS, FRAGATAS Y BUQUES En cuanto a medios marítimos, el Ejecutivo enumera contratos para adquirir un submarino S-80, una fragata F-110, un buque de acción marítima BAM-IS y una flotilla hidrográfica. En el caso de los S-80, la empresa es Navantia y se le adjudicó el contrato en virtud de un convenio con el Ministerio de Defensa y la empresa por 3.907.243.975,99 euros. Se entregarán hasta 2028, se pagarán hasta 2032 y hasta el año pasado se desembolsaron 1.299.243.975 euros. De la construcción de fragatas F-110 también se encarga Navantia gracias al convenio suscrito con el Ministerio de Defensa. El importe es 4.317.800.000 euros, hasta 2032, y ya se han realizado pagos por un total de 685.665.991 euros. Navantia, en virtud del convenio mencionado, también lleva a cabo la construcción de un buque de intervención subacuática BAM-IS por valor de 181.460.000 euros. Se entregará a lo largo de 2026, año en el que también culminará el pago por el servicio. Hasta 2023 se han desembolsado 80.824.800 euros. Y es la misma empresa por el mismo convenio la que construye una flotilla de buques hidrográficos costeros (BHC) por 158.622.342,12 euros, que se entregarán hasta 2026, año en el que finalizará el pago, del que ya se ha contribuido con 8.525.785 euros. En referencia a medios aéreos, el Gobierno ha suscrito un acuerdo con los consorcios industriales Eurofighter y Eurojet para comprar 20 aviones de combate EF-2000, cuya gestión internacional se ha realizado a través de la NATO Eurofighter and Tornado Management Agency (agencia NETMA, por sus siglas en inglés), por valor de 2.637.569.250 euros. Se entregarán hasta 2030 y se pagarán hasta 2035, aunque ya se han desembolsado 544.484.086,02 euros. Por otro lado, hay en vigor un contrato con Airbus, adjudicado en virtud de la Ley 24/11, para la compra de aeronaves de patrulla martítima y lucha antisubmarina (MPA) y aeronaves de vigilancia marítima (VIGMA) por valor de 1.695.000.000 euros. El calendario de entrega de los bienes contempla 2031, como el calendario de pagos convenido. Hasta 2023, se han realizado pagos por un total de 50.000.000 euros. SISTEMAS DE COMBATE Y SATÉLITES Asimismo, el Gobierno menciona el contrato para el futuro sistema de combate europeo NGWS/FCAS, en el que España participa en un 33% en los desarrollos tecnológicos, gracias a un programa de cooperación internacional gestionado por el Combined Project Team (CPT). La aportación española, coordinada por Indra, para la fase 1B y 2 es 2.500.000.000 euros. El Ejecutivo añade que para el estudio de concepto conjunto y la Fase 1A, de preparación de las Fases 1B y 2, España contribuye con 110.000.000 euros. En cuanto a la entrega, las fases actuales no contemplan adquisición, sino maduración tecnológica, que se puede pagar hasta 2027. Hasta ahora, se han realizado pagos por un total de 372.000.000 euros. Por último, el Gobierno alude al contrato para sustituir los satélites SPAINSAT y XTAR-EUR, concedido a Hisdesat, Airbus y Thales Alenia en virtud de la Ley 24/11 por un importe de 1.397.550.000 euros. Los trabajos finalizarán en 2026 y el calendario de pagos convenido contempla hasta 2040. Los pagos comenzarán a lo largo de este 2024. Todos estos contratos se suscribieron antes de que el Consejo de Ministros diera luz verde a una inversión de casi 1.130 millones de euros para material militar, que se aprobó pese a la oposición del ala minoritaria del Gobierno y que ha generado críticas en los socios parlamentarios habituales del Ejecutivo, como Podemos, ERC, EH Bildu o BNG. El Gobierno defiende que, en el complejo contexto internacional actual, es necesario invertir más en material en defensa para reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas y para fortalecer el objetivo de la disuasión.