Madrid, 30 abr (EFE).- El Tribunal de Cuentas ha dado diez días a las defensas de 35 ex altos cargos catalanes, incluido el expresidente Carles Puigdemont, para que presenten sus conclusiones en el procedimiento abierto por el desvío de fondos públicos para el "procés" después de que la Fiscalía les reclamase más de 3 millones de euros.
Una vez que el ministerio público y Sociedad Civil Catalana, que también ejerce de demandante, presentase sus informes finales en la causa, el órgano contable ha concedido diez días a los abogados de los demandados para que hagan lo mismo, según una diligencia a la que ha tenido acceso EFE este martes.
Entre ellos, además de Puigdemont, figuran el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, el expresident Artur Mas y diversos exconsejeros, algunos de ellos condenados por el Tribunal Supremo e indultados.
Una vez aporten sus escritos de conclusiones, el Tribunal de Cuentas procederá a dictar la resolución final de este procedimiento, que es uno de los que podría ser susceptible de entrar en la ley de amnistía, actualmente en tramitación en el Senado.
En este caso se trata de dirimir la presunta responsabilidad contable de 35 ex altos cargos de la administración catalana en el desvío de fondos públicos para sufragar el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal, y la promoción exterior del "procés".
La Fiscalía ha cuantificado ese supuesto desvío en casi 3,1 millones de euros, mientras que Sociedad Civil Catalana lo eleva a 5 millones.
El fiscal en su escrito considera "acreditada la responsabilidad contable" de los principales líderes del 'procés' e indica que "los pagos relacionados en la demanda se han realizado sin la adecuada justificación, al no responder a la consecución de objetivos y fines legales y legítimos, sino a la organización del referéndum de autodeterminación que tendría lugar el 1 de octubre de 2017".
"En el empleo dado a los fondos públicos en el ámbito de la acción exterior de la Generalitat de Cataluña se incurrió en múltiples actividades que no tienen cabida en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma al no haber respetado la Generalitat las normas a cuyo amparo se desarrollan las actividades realizadas en el ejercicio de esa competencia autonómica", expone.EFE
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