Los municipios catalanes ven difícil abrir al público las piscinas privadas comunitarias

Barcelona, 17 abr. (EFE).- Los municipios catalanes ven difícil aplicar el nuevo decreto de sequía del Govern, que establece que las piscinas privadas de comunidades de vecinos o de hoteles solo se podrán rellenar si hay un acuerdo con el ayuntamiento para abrirlas al público como un refugio climático.

El decreto, que publica este miércoles el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), establece excepciones para el rellenado de piscinas, que de forma general está prohibido en la actual fase de emergencia, en la que están cerca de seis millones de catalanes del área metropolitana de Barcelona y parte de Girona.

El texto autoriza "el rellenado de piscinas que hayan sido declaradas refugios climáticos, en las cantidades indispensables para garantizar la calidad sanitaria del agua, siempre que, mediante la aplicación de medidas de ahorro adicionales, como el cierre total o parcial de las duchas, se logren ahorros de agua equivalentes al volumen de agua empleado en el rellenado de la piscina".

Serán los ayuntamientos los que declararán qué piscinas son catalogadas como refugios climáticos y podrán ser no solo las públicas municipales, sino también privadas, como las de hoteles o de comunidades de vecinos, aunque no las unifamiliares.

En el caso de piscinas privadas, el titular deberá alcanzar un acuerdo con el ayuntamiento para convertirse en instalación "de uso público abierto a la ciudadanía y en idénticas condiciones de precios que las piscinas públicas".

Este parte del decreto preocupa a los alcaldes: "Abrir piscinas privadas en las mismas condiciones que las públicas y con los mismos precios es inaplicable porque obliga a cambiar las ordenanzas fiscales", ha alertado el presidente de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y alcalde de Esparreguera (Barcelona), Eduard Rivas (PSC).

En declaraciones a EFE, el alcalde ha señalado que el decreto incluye elementos de "confusión" para los ayuntamientos a pocos meses del inicio del verano.

Según Rivas, el texto no resuelve muchos de los interrogantes que tienen los alcaldes, principalmente en las piscinas de comunidades de vecinos, como quién controla el dinero de los ingresos por entrar a esas piscinas, cómo se controla el aforo o cómo se sufragan los socorristas que se puedan requerir.

En el caso de los hoteles, también ha enfatizado las dificultades de compatibilizar el uso de los clientes y de los vecinos de la localidad, así como los controles de acceso.

Por su parte, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Laia Bonet ha lamentado en la red X que la Generalitat traslade a los ayuntamientos la responsabilidad de la gestión de las piscinas como refugios climáticos "sin consensos, ni dotación económica y generando más preguntas y respuestas".

En la misma línea, la Asociación de Municipios del Arco Metropolitano ha criticado que se traslade a los ayuntamientos "la responsabilidad sobre la autorización de las piscinas privadas o comunitarias a los ayuntamientos".

Esta entidad, que agrupa a los consistorios de Granollers, Mataró, Martorell, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Terrassa, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú, ha indicado en un comunicado que sí que están satisfechos por poder abrir las piscinas municipales públicas, aunque ha criticado que la decisión llega "tarde", pues los ayuntamientos necesitan tiempo para "garantizar la calidad de las instalaciones y su correcta puesta en marcha".

El decreto incluye una modificación del régimen sancionador que reclamaban los alcaldes y que sí que ve con buenos ojos la FMC.

En concreto, el decreto toma en consideración un período trimestral como constitutivo de la infracción (antes era mensual), lo que permite tener en cuenta la tendencia en la evolución del consumo en un período más dilatado.

También introduce una medida destinada a facilitar el aplazamiento o fraccionamiento del pago sin intereses de las sanciones impuestas a entes locales por incumplimiento del plan de sequía. EFE

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