Barcelona, 16 abr (EFE).- La Audiencia de Barcelona ha reabierto la investigación contra dos mossos d'esquadra por la muerte de un joven tras recibir hasta seis descargas de una pistola eléctrica Taser por parte de los agentes que pretendían reducirlo en su casa de Badalona (Barcelona), en noviembre de 2021.
La entidad pro derechos humanos Irídia ha informado este martes de la reapertura del caso en una rueda de prensa convocada para presentar su informe anual sobre violencia institucional, en la que han exigido un mayor control sobre el uso de las pistolas eléctricas.
El caso, en el que están imputados dos mossos d'esquadra, fue investigado por un juzgado de Badalona, que lo archivó al no ver indicios de delito, pero la sección 8 ª de la Audiencia estimó el recurso de Irídia, que representa a la familia del fallecido, y acordó su reapertura.
La Audiencia considera en su auto que no fueron suficientemente investigadas las circunstancias en que los agentes utilizaron la pistola Taser para inmovilizar al joven, que esgrimía dos cuchillos y se encontraba bajo los efectos de las drogas y de medicación con psicofármacos.
Según ha explicado este martes la abogada de Irídia que lleva el caso, Mireia Salazar, las actuaciones se han devuelto al juzgado de instrucción, que deberá acordar diferentes diligencias aunque ya ha aprobado las pruebas testificales y ha pedido al cuerpo de Mossos que aporte más información sobre el caso.
En la rueda de prensa también ha participado la hermana del fallecido, que ha dicho sentir mucha impotencia y ha pedido que los agentes reconozcan lo que pasó y “se haga justicia”.
La joven ha denunciado la falta de información y apoyo durante todo el proceso por parte de las instituciones y ha señalado que su familia no cree la versión oficial que afirma que su hermano murió después de ser trasladado al hospital, sino que insisten en que falleció en el acto.
En el informe, Irídia reclama una normativa clara y restrictiva sobre el uso de los Dispositivos Conductores de Energía (DCE), como se conoce a las pistolas Taser, y protocolos que aseguren su uso de manera adecuada, como la grabación de las actuaciones: entre 2018 y 2021, denuncian, tan solo quedaron registrados el 43,85 % de los casos en los que se usaron pistolas eléctricas.
Además, en su informe tachan de “cuestionable” que cuerpos con competencias limitadas, especialmente en la custodia de personas detenidas, como las policías locales, dispongan de armas peligrosas como las DCE y, además, no hagan públicos sus protocolos de uso.
En el informe que ha presentado este martes, el colectivo pro derechos humanos ofrece datos concretos del número de agentes y funcionarios implicados en procesos judiciales por abusos policiales en los que Irídia participa, ya sea como acusación particular, popular, o ambas: en total hay 156 investigados o pendientes de juicio.
En concreto, en calidad de investigadas hay 82 personas, 34 mossos, 12 policías nacionales, 19 policías locales, 10 funcionarios de prisiones y 7 vigilantes de seguridad, otros 74 agentes están acusados o pendientes de juicio (14 mossos, 51 policías nacionales, 4 policías locales y 5 agentes de seguridad privada).
La directora de Irídia, Anaïs Franquesa, ha reclamado más “transparencia y supervisión” de los cuerpos policiales pues considera que existe una falta de control por parte de los superiores jerárquicos y de investigaciones policiales internas eficientes.
Según datos de Irídia, de 37 litigios en los que había agentes implicados, en ninguno de los casos su superior jerárquico identificó al autor de los hechos, y tan solo en 13 se llevaron a cabo investigaciones internas, nueve de ellas por requerimiento judicial.
Por estos impedimentos, Anaïs Franquesa considera “absolutamente imprescindible” crear un organismo independiente de evaluación y supervisión de las actuaciones policiales, que dice beneficiaría tanto a la ciudadanía como a los agentes que hacen su trabajo correctamente. EFE
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