Se convierte en sospechosa habitual de estafas en internet tras el robo de su identidad

Miguel Martín Alonso

Almería, 26 mar (EFE).- Una vecina de Almería, víctima de una usurpación de identidad, vive un rosario de denuncias y juicios por presuntas estafas cometidas a través de internet en las que los criminales usan los datos que le robaron en su día.

La Audiencia de Navarra dictó el pasado mes de febrero una sentencia por la que absolvía a dicha mujer, que en abril de 2023 fue condenada por un juzgado de Tudela por un delito de estafa, al considerar que no existía “prueba suficiente y eficaz” para poder inculparla.

En este caso, la condena, ahora anulada tras el recurso de apelación del abogado Antonio Relaño, partía de la denuncia de otra mujer, que puso a la venta en internet un teléfono móvil en noviembre de 2022.

La víctima fue contactada por otra persona que utilizó los datos de la acusada y que le remitió un enlace para que facilitase sus datos bancarios y así poder abonar el importe que reclamaba por el terminal, aunque en realidad los usó para sacar 200 euros de su cuenta.

En su recurso, el abogado de la procesada exponía que su cliente “es víctima de un delito de usurpación de identidad, y que viene sufriendo desde hace ya tiempo las consecuencias de dicha usurpación, teniendo que afrontar juicios por estafas que comete la persona o personas que usurparon su identidad, a lo largo y ancho de toda España”.

Unos estafadores que usan para ello conocidas páginas de internet de compraventa.

Ya en marzo de 2022 la mujer denunció ante la Guardia Civil que “personas desconocidas le habían usurpado la identidad y estaban cometiendo estafas a terceros, utilizando copia de su DNI que habían obtenido previamente mediante engaño con un supuesto interés en el arrendamiento de una vivienda que esta tenía ofertada”.

Más aún, la procesada no supo del uso ilícito de sus datos hasta que distintas víctimas de las estafas la contactaron por redes sociales al creer que ella era la responsable, aunque también otras personas la alertaron de que había quien hacía uso de su DNI para “delinquir”.

“Por ello dispone ya la apelante de varias sentencias absolutorias de varios Juzgados a los que ha ido enviando la documentación de que dispone, acreditativa de los hechos expuestos, aunque, aun así, continúa el periplo judicial con infinidad de citaciones a futuros juicios por estafa en multitud de sedes judiciales por todo el país, con el desaliento y perjuicios que esta situación está evidentemente provocándole”, exponía el abogado.

La condena anulada de Tudela

En el caso del juzgado de Tudela, la procesada solicitó 15 días antes del juicio poder mandar alegaciones por escrito ya que reside en Almería y en ese momento tenía un bebé de corta edad, lo que le supondría un “importante descarrío económico”, y así remitió otras sentencias absolutorias, denuncias por la usurpación de identidad, etcétera.

Sin embargo, en la sentencia apelada, dichas alegaciones no fueron tenidas en cuenta, tal y como expone ahora la Audiencia de Navarra, que añade cómo la Guardia Civil no pudo identificar el teléfono con el que se contactó con la denunciante, ni la cuenta en la que entró su dinero, toda vez que la misma se encontraba en el extranjero.

De esta forma, considera que la juzgadora de instancia solo tuvo en cuenta la declaración de la denunciante, que “solo conoce el hecho cierto de que ha sido estafada, pero la misma no conoce por sí, ni puede conocer ya que nunca vio a la persona” que perpetró el crimen.

Según ha manifestado a EFE el abogado de la acusada, la mujer "está con depresión". "Cada mes estamos haciendo una o dos declaraciones por videoconferencia en varios juzgados de Cataluña, de Valencia, de Zaragoza... De un montón de sitios. Tenemos como 12 o 14 procedimientos abiertos, aunque tenemos ya unas 5 o 6 sentencias absolutarias... Y las que quedan", añade.

Relaño explica que los usurpadores de la identidad de su cliente cometen "pequeñas estafas a través de Facebook, Wallapop u otras plataformas, de 70 euros, 200 euros... Siempre es menos de 400 euros para que no haya lío". Y es que a partir de dicha cuantía se pasa de un delito leve de estafa a un delito, con penas mayores.

"Le mandan mensajes por redes sociales diciéndole que la van a denunciar. Ella ya tiene preparado su propio mensaje en el que explica que no es ella, que está todo denunciado, pero no hay forma. Lo está pasando muy mal. Incluso llegamos a remitir un escrito a la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local porque no paraban de denunciar y de llegarle citaciones al juzgado de paz", concluye el letrado. EFE

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