Qué se sabe un mes después del incendio del Campanar en Valencia

El incendio de un bloque residencial de viviendas en el barrio valenciano de Campanar, en el que murieron diez personas, cumple un mes y ofrece varios hechos ya contrastados, una compleja investigación judicial y pericial en curso y numerosas ayudas a los damnificados, que buscan cómo reclamar sus derechos.

Aquel 22 de febrero, diez personas fallecieron y quince resultaron heridas, varias de ellas bomberos aunque recibieron el alta dos días después. Unas 400 personas, entre propietarias e inquilinas, se quedaron sin casa y sin absolutamente nada, incluida la documentación legal, pues las llamas lo calcinaron todo.

El incendio empezó poco después de las cinco y media de una tarde con rachas de viento cálido de poniente de hasta 60 kilómetros por hora en una vivienda de la octava planta del bloque de catorce alturas situado sobre la glorieta donde confluyen las calles General Avilés y Maestro Rodrigo, y rápidamente se propagó al bloque anexo de diez alturas; en solo media hora las llamas habían afectado a las 138 viviendas de todo el complejo residencial.

Muchos vecinos pudieron salir del inmueble durante los primeros minutos gracias al conserje, Julián García, quien fue puerta por puerta avisando de la emergencia. Otra pareja fue rescatada por los bomberos desde su terraza, cercados por las llamas, en una operación muy arriesgada que acabó con éxito y entre los aplausos de la gente.

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Hubo horas de angustia porque se daba a varias personas por desaparecidas. Unas fueron localizadas, pero a cuatro las hallaron ya muertas, a medianoche, los drones y las cámaras térmicas y, luego, los bomberos cuando pudieron acceder al inmueble, horas después de apagarse las últimas llamas, por la mañana. Entre las víctimas mortales había una familia entera (padre, madre y dos niños).

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron durante las jornadas siguientes los reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, mientras que en todo momento estuvieron en la zona tanto la alcaldesa, María José Catalá, como el president de la Generalitat, Carlos Mazón, entre otras autoridades y junto a un gran despliegue de equipos de emergencia, sanitarios, policiales y de protección civil.

Una vez confirmadas las identidades de las víctimas mortales -hubo que cotejar su ADN con el de familiares por el estado en que se encontraban algunos cadáveres-, los funerales particulares se han desarrollado en la intimidad a excepción de uno colectivo organizado por el Arzobispado, que acogió la Catedral este 11 de marzo.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia se hizo cargo del caso, pero el 8 de marzo acordó archivarlo tras recibir un oficio policial en el que se descarta la “etiología criminal o delictiva” del siniestro. Familiares de cuatro de los fallecidos anunciaron entonces que recurrirían ese sobreseimiento.

Este jueves, los peritos de las compañías aseguradoras del edificio han accedido por primera vez, acompañados de agentes de la Policía científica, al lugar del siniestro para “detectar el punto exacto del origen del fuego”, porque sin determinarlo no pueden saber la causa del incendio, y ver dónde podrán tomar muestras de la fachada para ser analizadas después en el laboratorio.

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El material empleado en la fachada ventilada de este complejo residencial pudo influir también en la rápida propagación de las llamas. Construido en la época del 'boom' inmobiliario en un barrio periférico de la ciudad, se publicitaba hace diecisiete años como un edificio "vanguardista" con materiales de la "máxima calidad".

Este incendio tuvo un precedente similar en agosto de 2020 en el barrio de Hortaleza de Madrid, en un fuego que se saldó sin heridos pero en el que ardieron materiales de la misma empresa y características muy similares que los que revestían la fachada del inmueble valenciano y cuya reacción al fuego ya llamó la atención.

Desde el 22 de febrero varias comunidades de propietarios y entidades profesionales han pedido revisar algunos edificios con características similares al de Campanar, por si existe la posibilidad de terminar sufriendo un incendio parecido.

Un mes después de la tragedia, en la zona del edificio -que todavía no se contempla derribar- aún huele a quemado mientras una corona de flores recuerda a las víctimas, a las que también se homenajea aún con un improvisado altar en la rotonda en solidaridad con los niños que murieron en ella. Y en los balcones del esqueleto arquitectónico se ven todavía enseres, muebles y toldos quemados.

En ese edificio hay actualmente ocupadas 99 viviendas, según datos facilitados a EFE por el Ayuntamiento, por 229 personas afectadas por la tragedia (42 menores y 187 adultos).

Por su parte, la Generalitat ha aprobado ayudas económicas, fiscales y sociales. Se han dictado ya diez resoluciones de concesión agrupadas que van dirigidas a beneficiar a 112 familias y que suman un importe global de 818.000 euros en ayudas directas.

La Policía Nacional también ha dado facilidades para que los damnificados -entre quienes hay personas de varias nacionalidades- tramiten la documentación oficial perdida en el incendio.

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Una vez cubiertas las necesidades básicas de alojamiento, atención psicológica y apoyo administrativo (por parte del Ayuntamiento) y las ayudas económicas (de la Generalitat), "se estudiarán, de manera individual, otras posibles medidas, siempre en función de las nuevas necesidades puntuales que, en su caso, trasladen las personas afectadas", añaden a EFE desde el Consistorio, que hace un balance "positivo" de la respuesta dada hasta ahora.

La comunidad de propietarios del edificio ha denunciado a los agentes de edificación que intervinieron en la construcción del inmueble por un presunto delito de daños por imprudencia grave y, además, se ha personado como parte perjudicada, en calidad de acusación particular, en la investigación judicial.

Asimismo, propietarios e inquilinos se han unido en la nueva Asociación Residentes Damnificados Incendio de Campanar (Ardic), con la que quieren desarrollar una actuación conjunta y organizada y tener una interlocución más fluida y directa con las administraciones y entidades para encauzar sus intereses.

Ambas partes, propietarios e inquilinos, evidenciaron públicamente sus diferencias en la primera reunión que tuvieron con el Ayuntamiento apenas dos días después de la tragedia, sobre todo porque los segundos se quejaban de que también tenían derecho a participar en las gestiones para recibir las ayudas públicas.

(Información elaborada por EFE)