El Gobierno insta a la Comunidad de Madrid a solventar "discrepancias" sobre la ley trans

Madrid, 19 mar (EFE).- El Gobierno central ha requerido a la Comunidad de Madrid a solventar las "discrepancias" que ha apreciado en la modificación de la ley trans aprobada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en diciembre de 2023, para intentar evitar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Como han indicado a EFE fuentes del Ministerio de Política Territorial, el fondo del asunto lo lleva Igualdad, pero el departamento que dirige Ángel Víctor Torres es el encargado de instar en este caso a la Comunidad de Madrid a iniciar negociaciones previas a través de la Comisión Bilateral entre ambas administraciones -probablemente este mismo mes- por la vía prevista en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

El plazo para las negociaciones previas es de seis meses y en el caso de no haber acuerdo se interpondría un recurso de inconstitucionalidad, según las fuentes, que confirman lo adelantado este martes por el diario Público.

Los motivos de discrepancia que encuentra el Gobierno central respecto a la modificación de la Ley de Protección Integral Contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e identidad Sexual comienzan porque, a su juicio, "patologiza la transexualidad y establece el tutelaje médico".

En concreto, el artículo 14, dice el Ejecutivo, "traslada la idea de que la transexualidad en personas menores constituye una patología" y establece como "requisito necesario" el apoyo de profesionales de salud mental y su mantenimiento durante todo el tratamiento.

En caso de que el menor tenga alguna enfermedad, establece que será imprescindible un informe médico favorable antes de iniciar el tratamiento hormonal, añade.

También discrepa en que en los apartados 15 y 17 se especifican los derechos de utilización de espacios por parte de las personas trans “sin menoscabo de los derechos y la intimidad del resto de usuarios, especialmente mujeres, chicas o niñas”.

Esto, que según señala el Gobierno se refiere al uso de espacios comunes en función del sexo (en centros de menores, pisos tutelados, residencias de tercera edad…), "vulnera" en su opinión el artículo 14 de la Constitución al "menoscabar el principio de igualdad" y constituye un "uso discriminatorio del lenguaje.

Recuerda asimismo el Gobierno que la ley estatal establece una prohibición expresa de terapias aversivas o de conversión incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal y llama la atención sobre el hecho de que la modificación de la ley madrileña añade: “… sin que el asesoramiento psicológico pueda considerarse discriminatorio ni contrario a la libertad de la persona evaluada (…)".

Respecto a la Ley madrileña de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación entiende que la modificación de esta Ley niega a asociaciones, entidades y organizaciones representativas de los colectivos LGTBI la legitimación para presentarse como acusación o representar a víctimas en procesos penales o administrativos sancionadores.

Esto vulnera, según el Gobierno, el artículo 149 de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia procesal y no diferencia ningún procedimiento. EFE

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