Madrid, 6 mar (EFECOM).- La asociación de directivas inversoras Women Angels for STEAM (WA4Steam) ha comenzado a recabar apoyos parlamentarios para que el Gobierno extienda los beneficios fiscales que tienen las inversiones de las personas físicas a las inversiones que se realizan en las empresas emergentes de forma grupal.
Con cerca de 200 socias y 2,7 millones de euros de inversión desde su fundación en mayo de 2018, WA4Steam es una asociación internacional sin ánimo de lucro que invierte en proyectos de mujeres emprendedoras en las áreas de ciencia, ingeniería, tecnología, arquitectura y matemáticas.
La llamada ley de startups (ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes), aprobada a finales de 2022, mejoró las deducciones en el IRPF de las personas físicas por inversión en empresas de nueva creación, incrementado el tipo del 30 % al 50 % y aumentando la base máxima de 60.000 a 100.000 euros.
Además, en el caso de reinvertir lo que obtienen, esa plusvalía no tributa, mientras que si una persona decide integrarse en un vehículo para invertir no tiene ningún beneficio.
Isabel de Otaola, socia de la oficina de Madrid de Baker McKenzie desde 1999 y secretaria del Consejo de Administración de WA4Steam, sostiene que la normativa "discrimina claramente al pequeño inversor que no tiene capacidad para invertir en las empresas" y pide que se extiendan los beneficios fiscales a las personas que invierten de forma agrupada.
Según ha explicado en una jornada sobre mujeres inversoras organizada por el PSOE en el Congreso, en Europa la regulación es muy parecida a la española, aunque hay jurisdicciones que permiten la aplicación de la deducción cuando se invierte a través de entidades o fondos especializados en Alemania, Italia, Hungría e Irlanda.
Tras las reuniones que ya han mantenido con representantes del PSOE, el PP, PNV, ERC y Junts, en las que, según dicen, todos les han transmitido que su trabajo es "muy necesario", estas directivas tienen previsto reunirse la semana que viene con diputados de Sumar.
Además de reclamar que la deducción fiscal se extienda a las inversiones grupales, piden mejoras en las bonificaciones a las cotizaciones de la seguridad social extendiendo el plazo a siete años, permitiendo al personal investigador que dedique hasta el 15 % de su tiempo a otras tareas e incrementando en un 15 % la bonificación en caso de contratación de mujeres investigadoras.
Sus demandas han obtenido el respaldo de la secretaria de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Teresa Riesgo, que recibe más de 11.000 expedientes al año en este ámbito y que ha abogado por "hacer excepciones y adaptar estos incentivos fiscales y de la Seguridad Social".
También el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Casares, y la economista y senadora socialista Amparo Marco les han tendido la mano para "remar juntos en esa dirección".EFE
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