Madrid, 21 feb (EFE).- El inspector de Policía Nacional acusado de consultar irregularmente bases de datos policiales para enviar información a conocidos, entre ellos la dueña de un prostíbulo, ha negado que hiciera más de mil consultas en dos años y ha asegurado que las que hizo se debieron a su trabajo policial, aunque algunas se las pidieran ciudadanos o compañeros.
La Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado este miércoles el juicio a Alfredo P.C., que fue inspector de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en 2018 y 2019 en la Comisaría de Coslada, período en el que presuntamente hizo casi 1.500 consultas en diferentes bases policiales para acceder a denuncias, fichas policiales, matrículas o antecedentes policiales "con fines particulares", según la Fiscalía.
Facilitaba esos datos a terceros que pertenecían a su círculo de amistades, como la dueña de un club de alterne, empresarios o abogados, según el Ministerio Público, que le acusa de un delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos por el que pide para él cuatro años de cárcel, multa de 8.100 euros y tres años de inhabilitación para acceder a un empleo o cargo público.
El mando policial, ya jubilado, ha declarado que fue jefe de Brigada de Seguridad Ciudadana esos años y entre sus funciones estaba "colaborar con los compañeros y facilitar datos de todo tipo".
Ha concretado que él no tenía acceso a la base de datos Adextra, en la que hay datos relacionados con extranjería, desde 2010, pero sí podía consultar Argos, Sidenpol u Objetos si necesitaba información sobre personas reclamadas por la justicia, vehículos o denuncias.
Lo hacía "exclusivamente" para tareas relacionadas con su trabajo, ha añadido, asegurando que "en absoluto" pudo hacer más de mil consultas en dos años porque es algo "inviable".
"He sido demasiado confiado", ha resumido cuando ha ido reconociendo, a preguntas del fiscal, que consultó determinados datos a petición de ciudadanos o de compañeros, asegurando que no llegó a darles información que no debiera, y menos de manera impresa o con notas manuscritas.
Ha reconocido que sí buscó antecedentes policiales a petición de ciudadanos que necesitaban esa información para poder cancelarlos oficialmente, o datos de vehículos que le decían que eran sospechosos y así lo valoraba él, para descartar posibles delitos.
Ha negado, al ser preguntado expresamente, que realizara consultas por encargo del exjefe de la Policía Local de Coslada, Ginés Jiménez, al que conocía y quien fue procesado en la denominada operación Bloque por una presunta trama de corrupción policial, y luego absuelto junto a los demás acusados por la Audiencia Provincial y por el Tribunal Supremo. Luego ha precisado que una vez si miró una matrícula tras hablar con Jiménez.
No ha podido concretar, porque no lo recuerda, si consultó datos sobre uno de los abogados que defendió a agentes de la operación Bloque, a petición supuestamente de otra letrada que él si conocía.
Una policía que investigó al acusado ha explicado que comprobaron que el procesado "hacía consultas que no se correspondían con su trabajo" y facilitó datos de fichas policiales a terceros, y quedaba con allegados en la Comisaría por la tarde o en bares.
Ha dicho que, según la investigación, el acusado sí hizo una consulta para Ginés Jiménez sobre un coche, y que al registrar su taquilla hallaron numerosos documentos sacados de bases policiales, con anotaciones, y 12.000 euros. EFE
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