La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) se presentará como acusación particular en el procedimiento judicial por la muerte de dos agentes y dos heridos la pasada medianoche al ser embestidos por una narcolancha en Barbate, y han anunciado que promoverán un cambio legislativo para que “la sola posesión” de estas embarcaciones constituya delito.
Así lo ha indicado en un comunicado este sábado, en el que se señala que a través de los grupos parlamentarios y de la acción del Gobierno, se promoverá un cambio legislativo para que el Código Penal recoja como delito “la sola posesión de estas embarcaciones, las lanchas rápidas, con potentísimos motores”.
“De inmediato pediremos encuentros a los grupos parlamentarios en el Congreso para que se ponga en marcha una proposición de ley en este sentido, pero rogamos al Gobierno, si de verdad quiere actuar contra el narcotráfico, que actúe e inicie este cambio legislativo y así mostrar su interés por evitar la impunidad con la que en estos momentos actúan las mafias que controlan la droga”, ha agregado el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño.
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La dimisión de Marlaska
Además, el Comité Ejecutivo Nacional de Jucil ha vuelto a reclamar la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y también la del director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, a quienes han exigido, además, que “no acudan a Barbate si no es con más medios y efectivos”.
También se ha pronunciado en las últimas horas la Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial, integrada por trece organizaciones de guardias civiles y policías nacionales, ha pedido este lunes que se les reconozca de inmediato integrantes de una profesión de riesgo y se declare a la provincia de Cádiz zona de especial singularidad.
“Los trágicos sucesos de la noche del 9 de febrero en el puerto de Barbate, que terminaron con el asesinato de dos de los nuestros y con otros dos compañeros heridos tienen que ser un punto de inflexión en el desarrollo no solo del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar sino también y sobre todo para el desempeño de nuestra función”, señala la plataforma.
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Zona de especial singularidad
Añade que por este motivo ha solicitado una reunión para el viernes próximo con el subdelegado del Gobierno en Cádiz. Recuerda que desde el primer día de su constitución ha exigido al Ministerio del Interior el reconocimiento como profesión de riesgo para la Guardia Civil y la Policía Nacional y la declaración de zona de especial singularidad para la provincia de Cádiz.
“Más y mejores medios son necesarios para hacer frente a la lacra del narcotráfico en la zona del Estrecho y si no mejoran las condiciones de los servidores públicos en esa región es muy difícil que quieran permanecer allí y acabarán ganando la batalla los grupos criminales”, advierte.
En cualquier caso asegura que “los guardias civiles y los policías van a seguir en su lucha contra los traficantes pero tiene que garantizarse la protección de los miembros de los cuerpos policiales”.
(Información elaborada por EFE)