Preguntas y respuestas sobre la ley de amnistía que se vota hoy en el Congreso

La proposición de ley de amnistía llega este martes al pleno del Congreso tras una tramitación exprés marcada por las negociaciones del PSOE con los grupos independentistas catalanes, que siguen exigiendo cambios para que la norma no deje fuera a ningún implicado en el procés. Estas son algunas de las preguntas que se plantean en torno a un texto que, tras el Congreso, seguirá su trámite en el Senado.

No. El reglamento del Congreso permite que los grupos parlamentarios mantengan vivas sus enmiendas hasta el debate en el pleno, que comienza a las 15 horas.

Tras el paso de la iniciativa por la Comisión de Justicia, Junts sigue defendiendo en solitario once enmiendas, a las que se suman tres consensuadas con el PNV y una con ERC, grupo que, por su parte, mantiene vivas dos propuestas de modificación.

El PP, que se opone frontalmente a la ley, defenderá las veinte enmiendas que registró en el Congreso y con las que plantea derogar todos los artículos de la iniciativa.

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Una de las principales modificaciones acordada en la Comisión de Justicia delimita los delitos de terrorismo que no pueden ser amnistiados: aquellos que "de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos", en particular los actos incluidos en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que hablan del derecho a la vida y la prohibición de la tortura.

Otro de los cambios pactados la semana pasada afecta de lleno a la aplicación de la amnistía, ya que obligará a los jueces a levantar “de inmediato” las medidas cautelares y las órdenes de búsqueda, captura y de detención dictadas en el marco del procés aunque el procedimiento penal esté en el aire “por cualquier causa”, como la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o ante el Tribunal Constitucional.

A pesar de que siguen las negociaciones, ningún grupo podrá incorporar nuevas enmiendas transaccionales (pactadas) que no estén ya registradas, ya que para que se admitan en el debate debe haber unanimidad de todas las fuerzas políticas. El rechazo del PP y de Vox a la ley hace inviable esa unanimidad.

Las principales enmiendas que mantienen Junts y ERC buscan que se puedan amnistiar todos los delitos de terrorismo cometidos en el marco del procés, objetivo que comparte el PNV.

Quieren que el paraguas de la amnistía acabe con causas que se siguen en la Audiencia Nacional, como el caso Tsunami, donde el juez Manuel García-Castellón investiga por delitos de terrorismo al expresident Carles Puigdemont y a la líder de ERC Marta Rovira y la posible relación entre las protestas de 2019 en Cataluña y la muerte por un paro cardíaco de un ciudadano francés en el aeropuerto del Prat.

Temen también los independentistas que puedan abrirse nuevas causas bajo la acusación de terrorismo.

Al margen de ese delito, Junts y el PNV plantean en una enmienda conjunta que la amnistía cubra también delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado.

Este lunes el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, dictó un auto en el marco del caso Volhov en el que considera que Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron “estrechas relaciones personales” con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, dispuesta a apoyar “económica y militarmente” la independencia de Cataluña.

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La norma fue registrada por el grupo socialista el pasado noviembre y ya entonces los grupos catalanes aliados en la investidura advirtieron de que era necesario mejorar el texto.

La proposición de ley orgánica de "amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña" borra los delitos relacionados con el proceso independentistas cometidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, anulando toda "responsabilidad penal, administrativa y contable"

Junts quiere que comience a aplicarse dos meses antes para que entren las causas que afectan al personal de la conselleria catalana de Exteriores y que se siguen en el Tribunal de Cuentas.

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La fecha es todavía una incógnita, ya que tras la tramitación exprés en el Congreso, es previsible que en el Senado se ralentice tras los cambios en el reglamento impulsados por el PP, que tiene mayoría en esa Cámara.

Si no se tramita por vía de urgencia, el Senado tiene dos meses para aprobar la ley, que podría entrar en vigor en abril, una vez que vuelva al Congreso para su visto bueno definitivo.

En el momento en el que se produzca su entrada en vigor, los jueces y tribunales tendrán dos meses para aplicar la ley.

Puigdemont, líder de Junts y con un escaño en el Parlamento Europeo, se encuentra fugado de España desde 2017 y se convertiría en uno de los principales beneficiados de la ley amnistía, que determina el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesan sobre los implicados en el procés.

En situación similar se encontrarían el exconseller y ahora también eurodiputado Toni Comin y la secretaria general de ERC Marta Rovira, que huyó a Suiza.

(Información elaborada por Patricia Crespo y Noelia López, agencia EFE)