Un informe de inteligencia sostiene que la cúpula de ETA diseñó el atentado que acabó con el juez Querol en 2000

Un informe de inteligencia de la Comisaría General de Información (CGI) revela que el comando Buruhauste de ETA, responsable del asesinato con coche bomba en octubre de 2000 del magistrado del Tribunal Supremo Francisco Querol cumplía órdenes directas del Comité Ejecutivo. Este nuevo documento vendría a apoyar la tesis de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia de que los jefes de los diferentes aparatos de ETA tendría responsabilidad penal como autores mediatos. Tesis que ha provocado que la Audiencia Nacional haya abierto diferentes investigaciones para estudiar esa posibilidad. En este informe de más de 300 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes hacen un repaso de la carrera delictiva de todos los jefes de la banda terrorista en el momento del atentado, explican que la banda tenía una estructura jerarquizada y en sus conclusiones aseveran que ese comando "siguió las instrucciones de sus responsables militares" y además se encargó de desplegar "la estrategia militar planificada por ETA en la capital de España durante el tiempo que permaneció activo (octubre de 1999-noviembre de 2001)". De hecho, apuntan que esa estrategia fue diseñada "de forma colegiada y unánime por todos miembros de ETA que conformaban en aquella época su Comité Ejecutivo" --ZUBA-- y que entre sus funciones se incluía "no solo la determinación de la línea estratégica política y militar, sino también el diseño, la planificación, la coordinación, dirección y en ocasiones también la orden o autorización de realizar los atentados terroristas que eran materializados por los comandos operativos". LOS NOMBRES DE LA CÚPULA El documento apunta que cuando se produjo el atentado, y según se desprende de declaraciones de miembros de ETA, sentencias judiciales y documentos internos de la banda terrorista, entre ellos varias cantadas o autocríticas, los máximos responsables de cada estructura eran Javier García Gaztelu, Juan Antonio Olarra Guridi y Ainoa Múgica Goñi en el Aparato Militar; Ignacio Miguel Gracia Arregui y Asier Oyarzabal Chapartegui en el Aparato Logístico; Mikel Albisu Iriarte y Vicente Goicoechea Barandiaran en el Aparato Político; Ramón Sagarzazu Gaztelumendi en el Aparato Internacional; y Maria Soledad Iparraguirre, en el Aparato Finanzas. Según la CGI, estos integrantes de la cúpula tenían también la función de elegir a los miembros que integraban los comandos de liberados, su área geográfica de implantación y objetivos contra los que atentar. "En este caso, su decisión fue la creación del comando 'Buruhaste' para que desarrollase su actividad criminal en Madrid desde finales de 1999, hasta que fue desarticulado el 06/11/2001", asevera. Al hilo, remarca que los miembros de ZUBA --la cúpula-- se encargaban también, a través de las estructuras que estos dirigían, de proporcionar los medios personales y materiales necesarios a los comandos armados operativos para la comisión de los atentados. LA ETA "PIRAMIDAL" Al igual que otros informes policiales presentados en causas como la de Miguel Ángel Blanco, en este la Policía dedica un apartado amplio a explicar que ETA era una organización "sumamente estructurada y jerarquizada, en la que sus integrantes tenían una labor encomendada y un responsable al que rendían cuentas de ese desempeño". "Este responsable les trasmitía las órdenes emanadas de otro responsable superior o directamente del órgano directivo", señala para añadir que la estructura era "muy cerrada y casi de naturaleza militar", y que cada miembro de ETA dependía de un responsable y ese de otro superior, "en una cadena piramidal". Y en este contexto, concluye la Policía que todos los militantes conocían la existencia del Comité Ejecutivo y que las órdenes de cada responsable se acataban "en la convicción de que no se trataba de una orden personal, sino que respondía a un plan elaborado por la cabeza de la organización, esa comisión directiva que era el Comité Ejecutivo o ZUBA". A esto suma que en la banda "regía una férrea disciplina" mediante la cual se trataban de evitar traiciones, deserciones, delaciones, falta de observancia a las medidas de seguridad impuestas o posturas críticas, y recuerda que tanto las sanciones como las consecuencias era arbitrarias y que en alguna ocasión la medida disciplinaria fue la ejecución del militante. En definitiva, el informe señala que la capacidad de elección que tenía un militante una vez decidía entrar en ETA era nula, y que su futuro e incluso su salida de la organización ya solo dependía de la cúpula. EL COMANDO 'BURUHAUSTE' El documento presentado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, quien instruye esta causa concreta, dedica un epígrafe al comando responsable del atentado contra Querol y recuerda que los autores materiales fueron Juan Luis Rubenach, Ana Belén Egües y Gorka Palacios, mientras que Oier Goitia realizó los actos preparatorios necesarios. Precisa que el acta de declaración de Egües y su cantanda (o autocrítica) fueron claves para conocer "la conformación, implantación, infraestructura, acciones, modus operandi, desplazamientos, labores de información, dependencia orgánica, responsables militares y otros elementos" de este comando "especialmente en lo referido a la época del atentado. "La declaración de Ana Belén Egües goza de plena veracidad puesto que coincide plenamente con el contenido de su cantada, incluso en este último documento aporta más datos que en el primero en su afán por poner en conocimiento de los responsables de ETA todos los datos referidos a la actividad del comando en aras de la seguridad de la organización y sus militantes", aclara. Y concluye sosteniendo que ese comando comando "siguiendo las instrucciones de sus responsables militares" se encargó de desplegar en Madrid la estrategia militar de ETA. Estrategia que, insiste, fue "diseñada de forma colegiada y unánime por todos miembros de ETA que conformaban en aquella época su Comité Ejecutivo". Cabe recordar que en ese atentado, además del magistrado de la Sala de lo Militar del Supremo, que era el objetivo, perdieron la vida su conductor, Armando Medina; el policía nacional Jesús Escudero; y un conductor de la EMT --empresa municipal de autobuses-- llamado Jesús Sánchez. Otras 30 personas resultaron heridas.