Las travesías de las personas inmigrantes que intentan llegar a España en patera se cobraron en el primer semestre del año 951 vidas, una cada cuatro horas y media, la mayoría rumbo a Canarias (778, cuatro diarias) y en la llamada Ruta Argelina hacia Levante y las Islas Baleares (102, una cada dos días).
Es el balance que presenta el informe que publica regularmente el colectivo Caminando Fronteras, el “Monitoreo Derecho a la Vida”, que advierte de que algunas de las rutas, “en especial la canaria”, están aumentando “su capacidad mortífera”, a pesar de que las cifras oficiales reflejen un descenso en el número de llegadas en patera.
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Del 1 de enero al 30 de junio, la estadística del Ministerio del Interior recoge que han llegado a España en patera, cayucos o lanchas neumáticas 12.192 personas, un 4,17 % menos que en 2022. De ellos, 4.865 corresponden al Estrecho de Gibraltar, el Mar de Alborán y Baleares (un 29,2 % más) y 7.213 a la Ruta Canaria (un 18,5 % menos).
El colectivo de la activista Helena Maleno, que avisa regularmente a las autoridades de las salidas de pateras tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, ha contabilizado en estos seis meses 49 tragedias en pateras con destino a España: 28 en Canarias, once en el Estrecho, ocho en la Ruta Argelina y dos en el Mar de Alborán, en las que han perecido, al menos, 112 mujeres y 49 niños y niñas.
Ciudadanos muertos de hasta 14 países
El mes más funesto fue junio, con 332 víctimas; seguido por febrero, con 237; enero, con 138; y abril, con 130. En 14 casos, las embarcaciones implicadas en esas tragedias desaparecieron con todos sus ocupantes. Según Caminando Fronteras, en estos seis meses han muerto en pateras a España ciudadanos de 14 países: Argelia, Camerún, Costa de Marfil, Gambia, Guinea, Etiopía, Islas Comores, Mali, Marruecos, República Democrática del Congo, Senegal, Siria, Sri Lanka y Sudán.
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El informe va más allá del recuento de vidas perdidas y hace un análisis de lo que está pasando en las diferentes rutas, con conclusiones muy críticas tanto para España, como para Marruecos. Esta ONG sostiene que las víctimas mortales de las rutas marítimas a España aumentan (según su recuento superan en 13 a las del primer semestre de 2022) a pesar de que el flujo de pateras se ha reducido porque, en ocasiones, no se ponen los medios de búsqueda necesarios o las operaciones de rescate se activan con retraso.
Denuncia además “una mala coordinación entre los países que deben activar los servicios de socorro”. “En el caso de España y Marruecos, la coordinación no está basada en el derecho a la vida, sino en las negociaciones bilaterales de control migratorio”, añade. Como ejemplo, citan el naufragio de una neumática ocurrido el 21 de junio a unos 160 kilómetros al sur de Gran Canaria, en el que murieron 36 personas, con solo dos cadáveres recuperados.
Falta de medios para rescatar a estas personas
La víspera, sobre las 20.00 horas, la localizó un avión español y en ese momento había un barco de Salvamento Marítimo, la Guardamar Calíope, socorriendo a otra zódiac a solo 46 kilómetros de distancia, una hora de navegación. Sin embargo, subrayan, España traspasó la coordinación de ese rescate a Marruecos, cuya patrullera no llegó hasta diez horas después, cuando la neumática ya se había desfondado.
"España prima transferir la responsabilidad a Marruecos a la protección a la vida. Los servicios de rescate españoles estaban más cerca, con más medios y, a pesar de haberse podido evitar las muertes, se retiraron para que Marruecos asumiera la coordinación", denuncia este informe de Caminando Fronteras, que habla directamente para esta tragedia de un caso de "omisión del deber de socorro".
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Esta ONG critica que no se asuma siempre que una patera en mar abierto, generalmente sobrecargada de gente, es una embarcación insegura, expuesta a un grave riesgo (Salvamento alegó en el caso de la neumática que no sabía que sus ocupantes estuvieran en peligro). “Esto solo se aplica a personas migrantes, no siendo así cuando otros colectivos, como pescadores o personas en yates de recreo, están en riesgo”, argumenta.
La ONG también habla de "racismo institucional", sobre la base del trato que sufrieron, por ejemplo, los ocupantes de patera rescatada en mayo al sur de Gran Canaria, cuyos ocupantes relataron al desembarcar que había sido tiroteados a su salida, en Cabo Bojador, y que dos de sus compañeros habían muerto, malheridos, en la travesía.
Caminando Fronteras censura que, a pesar que al menos uno de los supervivientes se quejó en el muelle de Arguineguín de tener heridas de arma de fuego, todos fueron trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Gran Canaria en condiciones de detención policial. Al día siguiente, dos ingresaron en hospitales con heridas de bala, una mujer en un brazo y un hombre en un omóplato.
También perciben un “sesgo racista” en que no se activen protocolos de búsqueda de las víctimas ante tragedias ya conocidas, como la que ocurrió en marzo en la Ruta Argelia, en la que varios de los cadáveres fueron encontrados por pesqueros en el entorno del puerto de Denia (Alicante), enredados en sus redes.
Información de la agencia EFE
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