El decreto de vivienda no se limita al alquiler: el Gobierno crea un préstamo público a interés cero para comprar la primera casa

El Gobierno abre una vía de financiación pública para comprar vivienda que hasta ahora no existía. El real decreto ley aprobado este martes en el Consejo de Ministros crea la línea Tu Casa, un préstamo estatal al 0% de interés que cubre la entrada de la primera vivienda habitual, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La medida llega en un decreto centrado sobre todo en el alquiler: protección frente a desahucios, límites a la compra de vivienda por fondos de inversión y bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios. Pero también incluye este mecanismo dirigido a quienes quieren comprar y no logran reunir el dinero que los bancos exigen antes de conceder una hipoteca.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha explicado a quién apunta la medida: familias con ingresos estables que no han logrado ahorrar. “Tienen un buen salario, tienen un buen trabajo, tienen un lugar de residencia determinado, pero como consecuencia de la especulación no han podido ahorrar en este tiempo”, ha señalado en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros.

Un préstamo de hasta 50.000 euros para cubrir la entrada

Las entidades bancarias suelen financiar entre el 70% y el 80% del valor de una vivienda, lo que obliga al comprador a aportar de su bolsillo el resto, la llamada entrada, antes de acceder a la hipoteca. Ese es precisamente el tramo que cubre el nuevo mecanismo estatal.

Según el borrador del decreto, el importe del préstamo será el menor entre dos cifras: el 20% del valor de la vivienda o 50.000 euros. Para una casa de 200.000 euros, el tope quedaría en 40.000 euros; para una de 250.000 euros o más, el máximo serían los 50.000 euros completos. En este sentido, el Estado no sustituye al banco, sino que complementa esa financiación privada aportando la parte que el comprador no ha conseguido ahorrar.

El plazo de devolución se fija en diez años, con una carencia equivalente al plazo de la hipoteca privada, hasta un máximo de 30 años. Es decir, el comprador puede tardar tres décadas en empezar a devolver el dinero adelantado por el Estado, aunque esa deuda seguirá pendiente durante todo ese tiempo.

Lo que el decreto no fija son los requisitos de acceso. No hay límite de renta, ni edad máxima, ni tope al precio de la vivienda que se puede comprar con esta ayuda. Esas condiciones se definirán después, mediante un Acuerdo de Consejo de Ministros. Hasta que eso ocurra, no está claro si el préstamo beneficiará sobre todo a rentas medias-bajas, como plantea el discurso oficial, o si también podrán acceder a él compradores con mayor capacidad económica.

La propia Rodríguez ha reconocido que los instrumentos anteriores del Gobierno, como los avales públicos para hipotecas, no bastaron para resolver este problema: “Ni siquiera el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora acompañándoles en los avales, siendo el Estado sus avalistas, ha podido conseguir ese esfuerzo para llegar a obtener una hipoteca”.

Rebaja de impuestos para construir vivienda protegida

El decreto también reduce el IVA al 4%, el tipo superreducido, para la construcción de viviendas de promoción pública y protegida. Esta rebaja fiscal solo se aplica a vivienda con precio regulado por la Administración, no al mercado libre, donde los precios de venta siguen fijados por la oferta y la demanda.

La medida se acompaña de un refuerzo del modelo Casa 47, el instrumento con el que el Gobierno gestiona el parque público de vivienda. El decreto activa mecanismos para incorporar a Casa 47 los inmuebles del Patrimonio del Estado y de la Seguridad Social que puedan destinarse a uso residencial.

A pesar de que la ministra ha defendido que ampliar este parque público es “una prioridad absoluta” del Gobierno y “una herramienta necesaria para hacer frente a la crisis de vivienda”, la construcción de parque público requiere años de tramitación y ejecución.

El decreto amplía además una línea de avales del ICO hasta 2.000 millones de euros, destinada a financiar proyectos que aumenten la vivienda pública a precio asequible o mejoren la existente. Los fondos proceden de la Adenda del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo, con un plazo de vigencia de hasta 35 años.

El decreto de vivienda deberá superar ahora el trámite de convalidación en el Congreso de los Diputados. El Gobierno ha solicitado un pleno extraordinario para el próximo viernes, del que dependerá si estas medidas siguen en vigor o decaen antes de aplicarse.