
El espionaje con Pegasus a Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno ha vuelto al centro del debate parlamentario por la crisis de Ceuta. PP y Vox sostienen que la falta de una acusación directa a Marruecos por la entrada de más de 80.000 migrantes el 30 de julio alimenta las dudas sobre un posible “chantaje” sobre el Ejecutivo tras el hackeo de teléfonos del presidente y de los ministros Robles y Marlaska.
El juez José Luis Calama, que lleva actualmente el caso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha tratado de investigar lo sucedido desde 2022, pero siempre ha acabado archivado. La última vez que apartó el caso fue este 2026, el 22 de enero, por la “falta de cooperación de Israel”. Pegasus es un software de una empresa israelí que el régimen de Mohamed VI emplea. Organizaciones periodísticas y humanitarias, como Amnistía Internacional, han señalado directamente al ejecutivo marroquí.
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El Gobierno reconoció que sus políticos sufrieron un ataque a sus móviles, pero nunca mencionó a Marruecos. Sin embargo, Sánchez y Marlaska viajaron a Ceuta el 18 de mayo de 2021 y la investigación del Centro Criptológico Nacional, como muestra el auto al que ha tenido acceso Infobae, señala que la primera entrada sus móviles fue el 19 de mayo. También Francia, con Emmanuel Macron a la cabeza, sufrió el hackeo de sus dispositivos.
Recorrido judicial de Pegasus
La investigación se inició en mayo de 2022 tras la denuncia de la Abogacía del Estado, basada en análisis del Centro Criptológico que detectaron infecciones por Pegasus en los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa. Después se amplió al comprobarse que los dispositivos de los ministros del Interior y Agricultura también habían sufrido ataques. Existían varios indicios de extracción de datos, que iban desde información filtrada desde los teléfonos hasta su acceso a contenidos, micrófonos o llamadas.
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El primer archivo provisional, acordado el 10 de julio de 2022, no negó la posible existencia de delitos. El juzgado consideró que los hechos podían constituir “descubrimiento y revelación de secretos”, pero no logró identificar responsables. La clave fue la falta de respuesta israelí a las solicitudes dirigidas a NSO Group, propietaria de Pegasus, y a su CEO. Esa falta de cooperación generó una situación de “impotencia investigadora” y obligó al archivo “por falta de autor o autores conocidos”.
La causa se reabrió en abril de 2024 por información aportada mediante una Orden Europea de Investigación francesa. Se encargaron nuevos informes para comparar indicadores técnicos de ataques franceses y españoles, y se solicitó a Francia información sobre Pegasus y a Israel cooperación nuevamente. Sin embargo, Francia no aportó datos que permitieran atribuir los ataques, mientras Israel siguió sin contestar. Por ello, en enero de 2026 se archivó otra vez provisionalmente.
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Acusaciones de la oposición sobre Pegasus
Durante el pleno del Congreso de este jueves, el líder de Vox, Santiago Abascal, vinculó la posición del presidente con las escuchas y preguntó “con qué le amenazaron” y “qué saben de usted”. El dirigente afirmó que Marruecos “no es su amigo, es su amo” y acusó a Sánchez de no responder ante lo que calificó como un “ataque de guerra híbrida”. Abascal reclamó que el Congreso active el procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución ante un posible delito de traición.
La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, pidió la desclasificación de los documentos vinculados al espionaje con Pegasus. A su juicio, el cambio de posición del Gobierno respecto de Marruecos, incluido el giro sobre el Sáhara en 2022, requiere explicaciones. El portavoz popular Borja Sémper también planteó una posible correlación entre el hackeo y la política hacia Rabat. Sémper exigió saber qué información exacta se sustrajo y si el Ejecutivo está “chantajeado” o condicionado por terceros países.
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