Que nadie fuese capaz de prever que 60.000 (u 80.000, o 50.000, o alguna de las muchas cifras que se han escuchado desde aquella de 49.000 que motivó el cese de la responsable de prensa de Seguridad Nacional) se disponían a cruzar la frontera que separa Marruecos de Ceuta es, cuanto menos, difícil de creer.
Más allá de los avisos de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del Gobierno ceutí en los días previos a la llegada masiva, que anunciaban una “presión extraordinaria” sobre los recursos migratorios por un flujo constante y creciente de personas que llegaban a la ciudad autónoma por vía marítima - la primera quincena de julio fueron 244 en total y en la última quincena de julio el ritmo era aproximadamente de 200 al día antes de que el jueves se multiplicase todo aquello por diez -, difícilmente puede un movimiento de personas de tales dimensiones pasar desapercibido a las autoridades de ningún estado.
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En ese sentido, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia Jorge Dezcallar decía esta semana en Cadena Ser que le “extrañaría muchísimo” que el CNI no estuviese enterado, siendo el que “mejor conoce al Magreb”; y que “si hay un país” al que el organismo de inteligencia “conoce bien, es Marruecos”.
Acusaciones cruzadas todavía este martes en España. Para el Partido Popular la responsabilidad es de Pedro Sánchez. Vox —que, a través de su secretario general, José M. Figaredo, llamaba a “cazar” a los jóvenes que han entrado en Ceuta— habla de guerra híbrida y de “ataque brutal” contra la soberanía española; y sostiene que el presidente del Gobierno está “sometido a Marruecos” por unas presuntas “pruebas” que tendría de sus “corrupciones”.
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El Ejecutivo, que el viernes también hablaba de “ataque” a la integridad territorial española, sostiene que detrás de ello estarían “mafias de tráfico de personas”; y que nada tiene que ver el acercamiento diplomático con Argelia. Y lo que queda a la izquierda del PSOE ve en esto influencia estadounidense e israelí, si bien no como atribución directa de responsabilidad sino como acto en el contexto de la guerra híbrida.
Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.
La guerra híbrida, luchar en las zonas grises
El concepto de “guerra híbrida” está estrechamente ligado al ciberespacio. No porque no existiese de alguna manera antes —la propaganda masiva, por ejemplo, podría considerarse tal— ni porque sea exclusivamente digital, sino porque el Internet es un medio de una profundidad y extensión sin precedentes, un nuevo lugar de interacción en el que la información es abundante e inmediata y que, por tanto, tiene un potencial inigualable como herramienta de influencia.
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Hasta el siglo XXI, la guerra y la defensa se proyectaban en cuatro dominios: tierra, mar, aire y espacio. El objetivo de una fuerza militar en conflicto es asegurar la superioridad en todos ellos; y el de una fuerza militar en tiempos de paz es asegurar que podría asegurarse en conflicto. Durante la primera década de este siglo, el internet se hizo global y, adquirido ese peso, no pasó mucho más hasta que fue reconocido como arma.
En general, un ataque híbrido es un acto, enmarcado en una estrategia coordinada mayor que combina métodos —militares y no militares— para desestabilizar, debilitar o coaccionar a un adversario, que puede no reconocerse como tal ni atribuirse a un responsable estatal: opera en una zona gris, recurriendo a tácticas encubiertas, manipulación informativa, presión económica, ciberataques, sabotaje, el uso de actores no estatales o cualquier combinación de medios que dificulte su atribución directa y la respuesta tradicional del adversario.
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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, califica la situación en la frontera como una "ocupación premeditada" y no como un "incidente más". Afirma que la amenaza era conocida y que la respuesta del Gobierno ha sido tardía e insuficiente.
El Sáhara Occidental, bulos de internet, flujos migratorios
Para explicar la sospecha de guerra híbrida que trasladan algunos representantes políticos de ambos lados del hemiciclo, hay que retroceder al 2021. Ese año, entre 8.000 y 12.000 personas entraron a la ciudad autónoma en apenas 48 horas y solo días después de que el entonces líder del Frente Polisario -enfrentado a Marruecos por la soberanía del Sáhara Occidental- fuese ingresado en un hospital de La Rioja.
Esta vez, Pedro Sánchez venía de reunirse con el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, para dar pie a una “nueva etapa” en las relaciones con el país, deterioradas desde de que el Ejecutivo expresó apoyo al reclamo marroquí sobre el Sáhara Occidental.
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No ayuda al caso el hecho de que, a través del silencio que caracterizó la reacción institucional marroquí durante los primeros días de llegadas masivas a Ceuta, el periódico Le360, muy afín, cuasioficialista del rey Mohamed VI, publicase un artículo en el que achacaba la crisis a que las ciudades autónomas españolas del norte de África pertenecen a Marruecos.
De ahí que se señale, desde distintas esferas del poder político español, que Marruecos pudiese estar detrás de que se haya permitido la llegada de oleadas de personas —inocentes y engañadas— a Ceuta como herramienta de presión política por el Sáhara Occidental, si bien desde el Ministerio de Asuntos Exteriores vieron necesario apuntar este fin de semana que “las buenas relaciones con Argelia” no afectan “en nada” a la “excelente” relación con Marruecos.
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En este caso, las autoridades españolas y marroquíes apuntan oficialmente a mafias de tráfico de personas como responsables de difundir un bulo en el internet marroquí que aseguraba que España había abierto sus fronteras a todo el mundo, haciendo una lectura sensacionalizada de la sentencia del Tribunal Supremo que el 8 de julio ilegalizaba la expulsión inmediata de las personas migrantes que lleguen a España por vía marítima.
Donald Trump califica la situación migratoria en España como una “catástrofe” y una “invasión”, y advierte que Estados Unidos podría enfrentar una crisis aún mayor si los republicanos no ganan las próximas elecciones, a pesar de las medidas fronterizas implementadas durante su mandato.
Marruecos, el nuevo gran aliado africano de EEUU
Estados Unidos quiere hacer de Marruecos su aliado más poderoso en el continente africano. Quizás tenga que ver con que el estrecho de Gibraltar es, cerrados Bab el-Mandeb y el estrecho de Hormuz, la única alternativa al canal de Suez para que los adversarios de los hutíes y de Irán mantengan un paso estratégico al Mediterráneo, fundamental para la obtención de petróleo de la península arábiga y de los países del Golfo.
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El acercamiento entre ambos países lleva produciéndose desde, al menos, 2020, con la firma de los Acuerdos de Abraham. Este pacto tenía como fin normalizar las relaciones entre Marruecos, Baréin, Emiratos Árabes e Israel, con Washington como mediador, en el caso marroquí a cambio del reconocimiento estadounidense de su reclamo sobre el Sáhara Occidental. Supuso, además, que entre los pactantes se fortaleciese la cooperación en defensa, inteligencia y seguridad, consolidando a Marruecos como socio estratégico de EE. UU. en el norte de África.
Más recientemente, la estrategia de seguridad nacional estadounidense -que también promete “cultivar resistencia” interna en países europeos- y la hoja de ruta de cooperación en defensa publicadas por las autoridades del país norteamericano este año recogen el objetivo de consolidar a Marruecos como socio prioritario en los ámbitos económico, militar y de seguridad para la región. Esta orientación se traduce en acuerdos bilaterales que incluyen la modernización de capacidades tecnológicas, la ampliación de la cooperación en defensa, ejercicios conjuntos y el refuerzo del intercambio de inteligencia.
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Washington ha trasladado repetidamente un respaldo explícito a la posición marroquí sobre el Sáhara Occidental. En un mensaje oficial, enviado a Mohamed VI el mismo jueves 30 de julio por motivo del 27º aniversario de su coronación, Donald Trump decía: “Estados Unidos es claro: reconocemos la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y apoyamos la propuesta de autonomía marroquí, seria, creíble y realista, como única base para una solución justa y duradera”.
Al mismo tiempo, la narrativa marroquí mantiene la reivindicación de Ceuta y Melilla como territorios “ineludiblemente” llamados a integrarse en Marruecos. Medios afines al régimen insisten en que la soberanía española es insostenible y que el “entorno natural” de ambas ciudades es marroquí, pese a que la ONU respalda el estatus actual de las ciudades autónomas y la legalidad internacional no las considera colonias.
Aun así, la postura marroquí ha encontrado eco en informes y declaraciones estadounidenses oficiales. Un reciente documento, no vinculante, de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes de EE.UU. describe Ceuta y Melilla como “administradas por España, situadas en territorio marroquí”, y sugiere la apertura de conversaciones sobre su estatus de cara al futuro.
Aunque la posición oficial de Washington no ha cambiado y sigue reconociendo la soberanía española, el tono diplomático sí ha dado un giro significativo. Por su parte, el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, también ha cuestionado públicamente la presencia española en los enclaves y los ha calificado de “coloniales”.
La UE acusa a España de provocar un efecto llamada
Los ministros de Interior de la Unión Europea celebran este martes una reunión urgente para tratar la entrada de decenas de miles de migrantes a Ceuta, un episodio que generó alarma entre los socios europeos y desencadenó un cruce de reproches diplomáticos, además de la suspensión unilateral de la libre circulación Schengen de Italia a viajeros procedentes de España. Además, veintidós países han remitido una carta a las autoridades comunitarias calificando el episodio como un “ataque” y un “abuso” del sistema migratorio, y advirtiendo del “efecto llamada” que, consideran, puede provocar la regularización masiva promovida por España.
Los socios europeos critican que las políticas adoptadas por el Gobierno español, especialmente la regularización de migrantes y la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio, están incentivando nuevas llegadas irregulares y amenazan la seguridad y estabilidad del espacio Schengen. Reclaman a España mayor rigor en el control de fronteras y una mejor coordinación con los socios comunitarios, al considerar que la percepción de laxitud y la ausencia de respuesta firme pueden poner en riesgo la cohesión interna de la UE. Francia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal no firmaron la carta de los 22.
Además, la Comisión Europea ha reiterado su apoyo a España y a la protección de las fronteras exteriores, mientras el Parlamento Europeo, a través del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (G&D), ha instado a aclarar el cumplimiento de las normas de Schengen tras las medidas adoptadas por Italia. Está por ver qué sacarán los 27 en claro de la reunión de este martes.
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