
El abogado de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez Juan Carlos Peinado por haber vulnerado el derecho de defensa, tras su reciente decisión de abrirle juicio oral e imponer medidas cautelares como la retirada de pasaporte y comparecencias regulares.
En el escrito, al que ha tenido acceso la agencia EFE, el abogado Antonio Camacho ha expuesto que tuvo conocimiento de la decisión “a través de los medios de comunicación” y que todavía no se le habría notificado “por los cauces procesales legalmente establecidos”. Entiende que adoptar medidas cautelares sin comunicación es “una grave irregularidad” en el funcionamiento del órgano judicial, “contraria a los principios y garantías que informan el proceso penal en un Estado de Derecho”, lo que se traduce en una vulneración del derecho a la defensa y la tutela judicial.
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En un auto emitido el sábado, el juez Peinado argumentó la decisión en su apreciación de “riesgo de fuga” ayudada por sus escoltas en La Moncloa. El juez acusa a Gómez de cuatro delitos graves: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
El Gobierno eleva el pulso a la espera de que el CGPJ decida si le abre expediente
La decisión ha levantado ampollas en el PSOE y en el Gobierno, quienes han decidido elevar el pulso con Peinado, criticando que su decisión es “desproporcionada”. “Desde el principio, esta causa ha sido política contra una persona inocente”, afirmó la exministra de Educación y líder del PSOE valenciano, Diana Morant. Por su parte, el titular del Interior, Fernando Grande Marlaska, trasladó al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por lo que considera un “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
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El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, exigió la rectificación del magistrado. En un comunicado escrito difundido a los medios, la organización describió como “auténtica barbaridad" que Peinado sugiriese en su auto que miembros de la Policía Nacional, y en particular los agentes adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno, pudieran colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la Justicia, “lo diga quien lo diga”.
A raíz de esta queja, la cúpula del poder judicial se ha reunido de manera extraordinaria para decidir sobre la apertura de un expediente al magistrado. La reunión telemática se ha saldado sin acuerdo, por lo que el lunes volverán a reunirse para tomar una decisión.
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Noticia con información de EFE
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