Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

Les Corts convalidan este miércoles el decreto ley del Consell que modifica la regulación de los vehículos de transporte con conductor, conocidos como VTC, y del taxi en la Comunidad Valenciana. La norma permite de forma provisional que las VTC domiciliadas en la autonomía realicen trayectos urbanos durante un máximo de dos años, una medida que ha reabierto el choque entre el taxi y plataformas como Uber y Cabify.

La clave del conflicto está en que estos vehículos podrán competir por viajes dentro de una misma ciudad, hasta ahora más vinculados al taxi: desplazamientos al hospital, salidas de estaciones o aeropuertos, ocio nocturno o servicios pedidos a través de una aplicación. El sector denuncia que el decreto acerca en la práctica el funcionamiento de las VTC al suyo, pero sin imponerles las mismas obligaciones de servicio público.

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Las asociaciones representativas del taxi han convocado una concentración ante Les Corts para pedir la retirada de la norma. En un comunicado conjunto, critican que el decreto autorice el servicio urbano para 2.004 VTC, suprima los 15 minutos mínimos de precontratación y deje para después el estudio técnico que, a su juicio, debería haberse realizado antes de permitir la actividad.

Qué cambia con el nuevo decreto

El cambio principal es que las VTC podrán realizar transporte urbano de personas viajeras en la Comunidad Valenciana hasta que la Generalitat elabore un estudio técnico sobre oferta, demanda, movilidad, tráfico, espacio público y sostenibilidad. En todo caso, esa habilitación no podrá superar los dos años desde la entrada en vigor del decreto.

Hasta ahora, una de las fronteras entre el taxi y las VTC estaba en la contratación previa. En la Comunidad Valenciana se exigía un tiempo mínimo de 15 minutos entre la contratación del servicio y su prestación. Esa espera separaba a las VTC del taxi, que puede ser solicitado de forma inmediata, recogido en una parada o parado en la calle.

El decreto elimina esa barrera temporal. Aunque mantiene la prohibición de captar clientes en la vía pública, circular buscando viajeros o estacionar en zonas de alta demanda para atraer usuarios, el taxi considera que la supresión de los 15 minutos permitirá a las VTC trabajar “de facto desde la inmediatez”.

La norma diferencia entre las VTC que ya existen y las que estaban pendientes. Las 2.004 autorizaciones ya concedidas podrán operar en ciudad de forma provisional, mientras que las más de 4.000 nuevas solicitudes quedan paralizadas hasta que se estudie el impacto de la medida.

Esa congelación también se aplica al taxi: no se concederán nuevas licencias en las áreas de prestación conjunta, salvo para vehículos adaptados. El Consell presenta esta pausa como una forma de ordenar el sector mientras analiza el equilibrio entre ambos modelos.

Por qué protestan los taxistas

El taxi rechaza el decreto por razones de procedimiento y de fondo. Las asociaciones aseguran que no han podido participar en la elaboración de la norma y critican que el Consell permita a las VTC entrar en el mercado urbano antes de analizar sus efectos sobre el tráfico, la contaminación, el espacio público y la viabilidad económica del taxi.

La queja más comprensible para los usuarios está en la precontratación. Para los taxistas, los 15 minutos funcionaban como una separación real entre dos modelos distintos. Sin esa espera, sostienen, las plataformas podrán competir por la demanda inmediata sin estar sometidas a las mismas condiciones que el taxi, como tarifas reguladas, licencias municipales, turnos u obligaciones de prestación.

El comunicado del sector también critica que no se fije cuántas VTC pueden trabajar al mismo tiempo en cada municipio, área de prestación o provincia. Su temor es que los coches de plataforma se concentren en las zonas y franjas más rentables, mientras el taxi mantiene obligaciones vinculadas al servicio público.

Las asociaciones advierten además de que la norma abre un “futuro incierto” para las 9.216 familias que, según sus datos, viven del taxi en la Comunidad Valenciana. La cifra incluye al conjunto de personas que dependen directa o indirectamente de esta actividad.

Más oferta para el usuario, más presión para los trabajadores

Para los ciudadanos, el efecto más inmediato puede ser una mayor disponibilidad de vehículos para moverse por la ciudad, especialmente en momentos de alta demanda. Más VTC autorizadas para operar en trayectos urbanos pueden traducirse en más opciones en las aplicaciones y menos espera en determinados servicios.

El problema, según el taxi, está en el medio plazo. El sector sostiene que una mayor presencia de plataformas privadas puede debilitar un servicio regulado con tarifas y obligaciones públicas.

El Consell defiende que el decreto busca ordenar la convivencia entre ambos sectores, adaptar la normativa autonómica al contexto jurídico actual y dar seguridad a una actividad que lleva años marcada por recursos, restricciones y cambios normativos. La norma incorpora además sanciones para las VTC que operen fuera de las condiciones permitidas, capten clientes sin contratación previa o circulen buscando viajeros.