La Asamblea de Madrid frena temporalmente la tramitación de la ley de Ayuso sobre el concebido no nacido: el gobierno regional se “olvidó” de enviar tres informes

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha paralizado temporalmente la ley que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunció para considerar al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar a efectos administrativos. El Grupo Socialista de la Comunidad de Madrid había solicitado la nulidad de la tramitación al “al detectar la ausencia de los informes preceptivos” y considerar que el proyecto fue remitido a la Cámara con “deficiencias de carácter esencial” por la propia Abogacía General de la Comunidad de Madrid.

La medida, anunciada el pasado mes de septiembre y ya planteada en 2019, se iba a aprobar en el pleno de este jueves gracias a la mayoría absoluta del PP. Sin embargo, tal y como ha podido saber Infobae, la incorporación posterior de varios informes que no acompañaban inicialmente al expediente ha obligado a frenar su tramitación parlamentaria y a reabrir el plazo de presentación de enmiendas hasta las 11 horas de este miércoles.

“El gobierno regional, al omitir en un trámite esencial un informe preceptivo, conoce que ha prescindido total y absolutamente del procedimiento, lo que conlleva la nulidad. En este ámbito parlamentario la exigencia de acompañar todos los informes garantiza que todos los diputados dispongan de todos los elementos de juicio necesarios para legislar de manera informada", apuntan los socialistas.

El ejecutivo de Ayuso se “olvidó” de enviar tres informes

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, Lorena Morales, ha criticado que Ayuso es “incapaz de traer un texto medianamente en condiciones” siete años después de que anunciara la norma. “Esta ley no puede seguir adelante, la prioridad tienen que ser las mujeres y sus criaturas, su bienestar, no las políticas natalistas y de retroceso de la señora Ayuso”, ha añadido.

Según los socialistas, el Gobierno de Ayuso se “olvidó” de enviar tres informes: el del Consejo Superior de Gestión Tributaria, el de la Dirección General de Atención al Ciudadano y el del Consejo de Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Fue precisamente el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid el que advirtió de la ausencia de estos documentos y señaló otros defectos en la forma de la ley. “Sin la subsanación de las deficiencias de carácter esencial, el proyecto no estaría en condiciones de continuar su tramitación”, indican en el escrito.

Estos tres informes, introducidos mediante una “incorporación de urgencia” para que se de un plazo de 24 horas de enmiendas “hurta a los diputados el tiempo mínimo exigido por la ley para estudiar los antecedentes antes de que el texto sea sometido a una votación directa y definitiva en el Pleno, sin fase de ponencia ni de comisión”. De esta forma, queda paralizada la tramitación de la norma hasta el mes de septiembre, que se retoman los plenos en la Asamblea de Madrid.

La iniciativa no es nueva. Díaz Ayuso ya la incluyó en su programa electoral de 2019, cuando se comprometió a reconocer al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar. Sin embargo, la propuesta no llegó a materializarse durante sus primeros años al frente de la Comunidad de Madrid y fue recuperada el pasado septiembre dentro de la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación. El Ejecutivo regional defendió entonces que la norma convertiría a Madrid en la primera comunidad autónoma en extender este reconocimiento a todas las familias, más allá de los supuestos ya contemplados en otras regiones para familias numerosas.